La CUP se plantea no acudir a la manifestación de repulsa encabezada por Felipe VI

La masiva concentración de repulsa el pasado viernes en la Plaza de Catalunya, con Felipe VI, Mariano Rajoy y Carles Puigdemont a la cabeza, sirvió como acicate para que administraciones y partidos se esforzaran por cuidar la imagen de unidad política en la gestión del día después de los atentados.

La determinación de conservar ese espíritu, sin embargo, pareció quebrarse este domingo cuando la CUP confesó que se plantea no asistir a la manifestación convocada por la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona para el próximo sábado en la capital catalana bajo el lema "No tengo miedo".

A la espera de los detalles de la organización, la posibilidad de que la marcha esté encabezada por el presidente del Gobierno y el Rey, y no por la sociedad civil, es lo que genera malestar en las filas de la formación independentista, que llegó a acusar al jefe del Estado de "contribuir a financiar el terrorismo" al tiempo que se "pasea" por Barcelona tras los atentados.

Explicó la diputada de la CUP Mireia Boya que se refería a los vínculos de "amistad y económicos" de Felipe VI con monarquías como la de Catar o los Emiratos Árabes, "que dan armas al Estado Islámico". "El Rey no es bienvenido para nosotros", zanjó en Catalunya Radio.

En los últimos días, el Gobierno y la Generalitat han extremado la prudencia para que el estado crítico de sus relaciones tras el órdago independentista no acabara afectando a la cooperación tras los ataques terroristas de Barcelona y Cambrils.

Fuentes de la Moncloa insisten en que la colaboración ha sido "total", elogian la actitud tanto de Puigdemont como de su vicepresidente, Oriol Junqueras, desde la tarde de los atentados y restan trascendencia a las polémicas que han surgido en torno a los secesionistas.

Siendo así, circunscriben las acusaciones de la CUP al discurso de una formación que siempre han tildado de "radical" y optan por ensalzar que, pese a la fragilidad del diálogo con el Ejecutivo de Cataluña, hayan podido trabajar sin "tensiones".

AUNAR ESFUERZOS

No siempre pareció que eso fuera posible. El jueves, el día en el que los terroristas asesinaron a 13 personas en Las Ramblas, Rajoy aterrizó al filo de la medianoche en Barcelona, donde presidió su propio gabinete de crisis para conocer las últimas informaciones sobre el parte de víctimas y los detalles de la investigación. La convocatoria se repitió el viernes a primera hora. El Gobierno y la Generalitat aparentaban trabajar por separado. Horas después, la imagen del presidente y Puigdemont encabezando una única reunión de coordinación, contribuyó a ahuyentar de alguna manera los rumores de desconfianza.

La diputada de la CUP aprovechó, aun así, para subrayar que se ha evidenciado que Cataluña "ha actuado como estado, independientemente del español". En la misma línea, la Asamblea Nacional Catalana recomendó el sábado al metro de EE UU emplear la bandera catalana o la estelada, y no la española, para solidarizarse con Barcelona.

No ha sido el único episodio en el que las reivindicaciones políticas han podido enturbiar la unidad. El jefe de prensa de Puigdemont subrayó en su cuenta de Twitter el encuentro entre el consejero Raül Romeva, y los ministros de Exteriores francés y alemán después de conocerse la procedencia de algunas víctimas. "Recordáis que decían que no tendríamos relaciones internacionales, que no nos recibiría nadie -publicó-; cierto, el consejero Romeva los recibe en su despacho".

Mientras tanto, el responsable de Interior de la Generalitat, Joaquim Forn, diferenció dos víctimas "catalanas" y dos "de nacionalidad española" el sábado en declaraciones a TV3.

Tanto el presidente del PSC, Miquel Iceta, como el líder del PP catalán, Xavier García Albiol, censuraron estas declaraciones.

También hubo que sofocar el fin de semana la polémica después de que el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, diera por "desarticulada" antes de tiempo la célula terrorista. A pesar del malestar de los Mossos d'Esquadra, que dirigen la investigación de los atentados, tanto el Gobierno como la Generalitat optaron por dejar la controversia en un malentendido.