El Tribunal Supremo ha confirmado este martes 10 de junio la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos contra la expresidenta de Argentina Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015) por corrupción, rechazando el último recurso posible, en el marco de la conocida como 'causa Vialidad'.

Los tres jueces del Alto Tribunal -Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti- han votado por unanimidad y han dejado en firme el fallo de un tribunal inferior, sosteniendo que "el proceso ha sido salvaguardado y la recurrente ha obtenido una sentencia fundada en ley", según ha recogido el diario argentino 'La Nación'.

"Las sentencias dictadas por los tribunales anteriores se asentaron en la profusa prueba producida y en el Código Penal sancionado por el Congreso, sin que se haya demostrado en modo alguno que la decisión apelada no constituya una derivación razonada del derecho vigente de conformidad con las circunstancias particulares comprobadas en la causa, ni que durante el proceso se haya vulnerado alguna garantía constitucional", han sostenido.

Así, la actual líder del Partido Justicialista (PJ), que es la figura más fuerte de la oposición al Gobierno de Javier Milei, queda fuera de la carrera electoral en las legislativas de septiembre. En los últimos días, Fernández se definió como "una fusilada que vive" ante la posibilidad de perder la apelación. "Bastó que hace una semana anunciáramos la candidatura para que se desataran los demonios", dijo.

Milei ha reaccionado rápidamente a la noticia a través de su perfil en la red social X, donde ha asegurado que se ha logrado "justicia". El mandatario, que se encuentra en Israel en una gira internacional, ha afirmado que "la república funciona, y todos los periodistas corruptos cómplices de políticos mentirosos, han quedado expuestos en sus operetas sobre el supuesto pacto de impunidad".

Kirchner, que puede acceder al beneficio de arresto domiciliario debido a su edad (72 años), ha sido condenada por haber otorgado obras viales millonarias a un socio y presunto testaferro durante sus dos gobiernos. La expresidenta, que niega los cargos, ha denunciado que es víctima de una persecución política y judicial.