El presidente de EE UU, Joe Biden, anunció este domingo que finalmente había llegado a un principio de acuerdo con el líder republicano de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, para elevar el techo de la deuda soberana del país durante dos años y así evitar su entrada en suspensión de pagos. “Un incumplimiento de pago catastrófico que habría llevado a una recesión económica, cuentas de jubilación devastadas y millones de empleos perdidos”, según reconoció la Casa Blanca en un comunicado.

Tras semanas de negociaciones, el principio de acuerdo llegó apenas un día después de que la secretaria del Tesoro de EE UU, Janet Yellen, hubiera señalado el 5 de junio como fecha límite a partir de la cual el país, con una deuda pública de 31,4 billones de dólares, no podría seguir pidiendo prestado en los mercados y emitiendo bonos para pagar el funcionamiento de su Administración ni sus deudas.

Si bien el aumento del techo de deuda no se ha concretado aún, algunas fuentes señalan que podría rondar los 4 billones de dólares, cantidad suficiente para cubrir los gastos y los déficits previsibles de los próximos dos años. Y aunque no se conocen los detalles, el líder republicano McCarthy señaló en su cuenta de Twitter que “contiene reducciones históricas del gasto, reformas consecuentes que sacarán a la gente de la pobreza y la incorporarán al mercado laboral. Corrige las extralimitaciones del Ejecutivo. No hay nuevos impuestos, ni nuevos programas gubernamentales”.

Biden, por su parte, señaló que “durante los próximos días, nuestros equipos de negociación finalizarán el texto legislativo y el acuerdo irá a la Cámara de Representantes -donde se votará el próximo miércoles- y al Senado», para ser aprobado. Sin embargo, no será fácil que obtenga el visto bueno, ya que no gusta a los sectores más radicales de ambos partidos. Por un lado, los republicanos de extrema derecha y por otro, los demócratas progresistas critican las concesiones que se hacían públicas a lo largo de las negociaciones.

Uno de los principales puntos de desacuerdo entre ambas filas es la exigencia de los republicanos de condicionar y restringir ciertas prestaciones sociales, como la ayuda alimentaria en el trabajo. Por su parte, el portavoz adjunto de la Casa Blanca, Andrew Bates, criticaba a la ultraderecha por poner en peligro “más de ocho millones de empleos” mientras intentan “sacar el pan de la boca a estadounidenses que tienen hambre”.