El vicepresidente para Relaciones Interinstitucionales de la Comisión Europea, Maros Sefcovic, ha pedido al ministro británico, Michael Gove, una reunión urgente del comité conjunto creado para el seguimiento del Acuerdo de Retirada, firmado en enero, para aclarar las consecuencias de la modificación unilateral por el Gobierno de Boris Johnson de artículos del tratado en un proyecto de ley doméstico.

Publicado este miércoles, su aprobación daría a Londres el derecho a "alterar o a dejar de aplicar" disposiciones del protocolo pactado sobre el régimen aduanero entre Irlanda, Irlanda del Norte y Gran Bretaña, y a subvencionar a empresas que comercien en Ulster sin referencias a la ley comunitaria a pesar de que la región permanecería en el mercado común. El proyecto de ley expande su desafío afirmando que Londres podrá tomar decisiones sobre subvenciones a empresas "aunque sean incompatibles o inconsistentes con cualquier ley doméstica o internacional relevante". Pretendería así blindar la normativa de la revisión judicial por una corte británica o del escrutinio del Tribunal de Justicia de la UE y de otros internacionales.

El negociador de la Comisión, Michel Barnier, había pedido insistentemente a sus interlocutores de Reino Unido su plan sobre ayudas del Estado a empresas, para avanzar en la negociación del nuevo tratado comercial. Londres ha publicado un plan sumario. Se compromete, contradiciendo al proyecto de ley, a seguir exclusivamente las reglas de la Organización Mundial de Comercio (OMC) y las leyes internacionales.

El portavoz del primer ministro explicó que la negociación del Acuerdo de Retirada "no fue como las de otros tratados, porque se acordó muy rápidamente en circunstancias políticas muy difíciles". Pero el Gobierno fue advertido de que crearía controles fronterizos entre Irlanda del Norte y Gran Bretaña, y lo negó. Forzó en tres días su aprobación, alegando que la población estaba harta de debates parlamentarios.

Recuperación tras la covid

El ministro de Industria, Alok Sharma, afirmó en la presentación del proyecto de ley que es necesario "para reconstruir y recuperarnos tras la covid". "Debemos mantener la flexibilidad de apoyar y respaldar los intereses estratégicos, y de ser capaces de intervenir con más rapidez y sencillez cuando sea necesario", añadió. Londres rompería las reglas para obtener ventajas competitivas frente a otras economías afectadas por la pandemia.

El Gobierno quizás ha descubierto tardíamente que la limitación de ayudas del Estado en Irlanda del Norte y la competencia del Tribunal de Justicia de la UE para dirimir disputas no quedarían confinadas en la región. Empresas británicas comerciando en Ulster serían también afectadas. Su solución es romper el tratado y forzar la marcha abrupta, o montar este escándalo para lograr cesiones en la negociación con Barnier y su equipo.

El exprimer ministro británico John Major acusó este miércoles al Gobierno de causar la pérdida de algo que "no tiene precio", la reputación de Reino Unido; un veterano conservador galés ha dimitido como miembro del grupo parlamentario en la Asamblea de Cardiff y el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, afirmó que "la quiebra de la ley internacional es inaceptable", mientras la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, se declaró "preocupada".

Por su parte, el liberal-demócrata Alistair Carmichael, que fue ministro de Escocia durante el referéndum de 2014, advirtió en la sesión de preguntas a Johnson que ha debilitado los argumentos contra los independentistas escoceses. Estos, siguiendo el ejemplo catalán, quieren convocar un referéndum ilegal si se les niega la transferencia para organizarlo.