La ley orgánica de educación consagra el principio de inclusión para garantizar el desarrollo de todos, favorecer la equidad y contribuir a una mayor cohesión social. También incluye programas de diversificación curricular desde el tercer curso de la ESO para atender al alumnado con dificultades especiales de aprendizaje. Para compaginar tan loables objetivos, el instituto de Sarriguren estableció en 2025 grupos de diversificación integrados en aulas ordinarias, con grupos de trabajo flexibles, a veces homogéneos y a veces heterogéneos. Las familias firmamos una autorización para incorporarnos al programa bajo estas condiciones.

Tras un curso entero y lo que llevamos del actual con un funcionamiento satisfactorio, el centro nos ha comunicado que inspección educativa les obliga a deshacer la integración y a segregar el grupo de diversificación. En pleno curso. Negando el derecho a la inclusión a decenas de alumnos y alumnas. El Departamento de Educación quiere cargarse un programa inclusivo de éxito. Sin contar con el centro. Sin contar con las familias. Sin contar con el alumnado. Pero no se lo vamos a permitir. La dirección va a pelear, las familias vamos a presentar centenares de firmas, y el alumnado va a comenzar una huelga hasta que cese el sinsentido.

Y si aún así el señor Gimeno y su equipo deshace las agrupaciones inclusivas, no vamos a permitir un grupo segregado. A ver cómo colocan y atienden a cincuenta chicos y chicas con necesidades específicas en aulas ordinarias saturadas. ¿Saltándose otra vez la ley?