Ya existen en las profesiones sanitarias especialidades reconocidas, la mayoría en medicina, pero algunas también en farmacia, enfermería, psicología, biología, química y física. Tanto nuestros colegas de medicina como de enfermería tienen especialidades orientadas a salud pública, pero no ocurre en farmacia. Sin embargo, en España más de un millar y medio de compañeros de profesión nos dedicamos a tareas de salud pública dentro de la administración, en distintas plazas de las Comunidades Autónomas, en Agencias estatales como la de medicamentos o alimentos, en organismos como el CSIC, en Laboratorios de referencia y en otros, pero no tenemos reconocida esta especialidad, siempre reclamada. La gestión de las crisis sanitarias y la protección diaria de los ciudadanos no se hacen en los centros asistenciales únicamente, empiezan antes. Detrás de la seguridad del agua que consumimos, del control estricto de los alimentos, de la evaluación de actividades contaminantes, de las actividades de protección de la salud y de la gestión inmediata de alertas epidemiológicas, existe un colectivo profesional cuya labor es tan invisible como esencial. Sin embargo, a pesar de asumir altas responsabilidades y de acceder a los puestos mediante exigentes oposiciones específicas, no podemos acreditar que seamos especialistas, al no disponer de una especialidad regulada de Farmacia de Salud Pública, lo que siempre me ha parecido muy injusto. Es verdad que las plazas por oposición se ciñen a temarios que incluyen todos estos aspectos, así como los puestos de profesional inspector de salud pública o farmacéutico de salud pública.

Por fin ahora, la Sociedad Científica de Farmacéuticos de Salud Pública, con el apoyo del Consejo General de Colegios Farmacéuticos, han presentado al Ministerio de Sanidad una solicitud de incluir esta titulación oficial a través del sistema FIR (Farmacéutico Interno Residente) recogiendo peticiones de la Sociedad Española de Salud Ambiental a la que pertenezco, con gran presencia de farmacéuticos en esta área de conocimiento. No buscamos ningún incremento salarial que no nos corresponda, se trata de justicia profesional, de valorar lo ahora llamado expertise y de garantizar la excelencia profesional en el futuro con un itinerario reglado. Es conseguir formación para los nuevos profesionales y reconocimiento para los que nos dedicamos a ello, como se ha hecho con otros colectivos sanitarios. Lo que yo he conocido es que, con base en la formación de nuestra carrera que incluye contenido de salud pública, debíamos formarnos a nuestro criterio y posibilidades, con un desempeño profesional forjado a base de voluntad y formación interna en los temas que nos tocaba gestionar, transmitiéndonos conocimientos entre los distintos profesionales que nos dedicamos a esto, por vías menos formales de aprendizaje y tutoría, que incluye, al menos en nuestro caso, la formación a residentes de Medicina Preventiva que rotan por nuestra Sección.

Lo que pedimos es que todo esto se ordene, se planifique y se reconozca, teniendo en cuenta que la Ley General de Salud Pública de hace quince años ya contemplaba extender la formación especializada a otras profesiones sanitarias, además de la médica. Posteriormente un real decreto más reciente regulo el procedimiento para crear estos títulos, por lo que se solicitó el de Farmacia de Salud Pública (Vía FIR), que incluye cuatro años de residencia y un temario de competencias clave en seguridad alimentaria, inspección sanitaria, salud ambiental y epidemiología. Esperemos que esta vez se consiga, considerando que tuvimos hace poco la noticia de que la Agencia Estatal de Salud Pública se asentará en Zaragoza y es momento de no ignorar la cualificación reglada que garantice una formación completa de los futuros farmacéuticos que se orienten a la Salud Pública, ni de olvidar que más de la gran mayoría de los técnicos dedicados a la salud ambiental en nuestro país somos farmacéuticos. Pero, es más, es reivindicar una profesionalización reglada para sumar fuerzas en la tarea de velar por la salud global. Merecemos conseguirlo.

Teresa Ferrer Gimeno, Jefa de Sección de Sanidad Ambiental.