Hablar de pobreza es hablar de mucho más que de ingresos. Es hablar de oportunidades, de vivienda, de empleo, de acceso a la salud, de autonomía y, en definitiva, de la posibilidad de desarrollar un proyecto de vida en condiciones de igualdad. 

Y cuando hablamos de pobreza, hay una realidad que no podemos dejar fuera: las personas con discapacidad están mucho más expuestas a ella. Los datos del Observatorio Estatal de la Discapacidad son claros: el 32,9 % de las personas con discapacidad se encontraba en 2024 en riesgo de pobreza o exclusión social, más de diez puntos por encima de quienes no tienen discapacidad. Y el 13 % sufría una situación de carencia material y social severa, frente al 7,6 % de la población general. A esto se suma que casi una de cada cinco personas con discapacidad vive en infravivienda, y un 8,9 % no consigue acceder a los tratamientos médicos que necesita. Estas cifras no son una casualidad. Detrás de ellas hay una acumulación de desigualdades. El salario medio de las personas con discapacidad es un 18,5 % inferior al de las personas sin discapacidad y casi una de cada cinco no tiene ingresos procedentes ni del trabajo ni de prestaciones. 

Y hay desigualdades que se cruzan y las hacen todavía más profundas. Las mujeres con discapacidad afrontan un mayor riesgo de pobreza, especialmente cuando encabezan un hogar. No es una realidad aislada: la propia ONU ha señalado históricamente la especial incidencia de la pobreza extrema entre las mujeres, hasta el punto de señalar que las mujeres representaban el 70 % de la población mundial en situación de pobreza extrema, un dato donde se prevén que serían necesarios más de 250 años, al ritmo actual, para cerrar la brecha económica de género. A la discapacidad se suman así las desigualdades de género y, en muchos casos, una distribución desigual de los cuidados, configurando situaciones de vulnerabilidad que no pueden analizarse desde una única perspectiva. 

Por eso, no podemos entender la pobreza y la discapacidad como dos realidades independientes. Se relacionan y, en demasiadas ocasiones, se retroalimentan. Estamos, por tanto, ante una vulnerabilidad estructural, no ante situaciones individuales. La discapacidad puede aumentar los costes de la vida cotidiana, limitar las oportunidades laborales y añadir barreras para acceder a derechos y servicios básicos. Al mismo tiempo, vivir en pobreza puede generar nuevas situaciones de exclusión y dificultar todavía más la autonomía y la participación social. 

Por eso, cuando hablamos de erradicar la pobreza, no podemos hacerlo sin hablar de discapacidad. Y cuando hablamos de políticas de discapacidad, tampoco podemos hacerlo sin poner la pobreza y la desigualdad en el centro.

Mariluz Sanz Escudero, presidenta de Cermin (comité de entidades representantes de personas con discapacidad de Navarra).