Cada vez que llenamos el depósito, volvemos a encontrarnos con una realidad difícil de ignorar: la energía pesa cada vez más en la economía de muchas familias. Se habla de conflictos internacionales, de dificultades de suministro y de mercados que escapan al control de cualquier gobierno. Y sin duda, todos esos factores influyen.

Pero el precio que pagamos no depende únicamente del petróleo. También intervienen los costes de refinado y distribución y por supuesto, la fiscalidad. Por eso, cuando se anuncian medidas para aliviar el precio de los carburantes, convendría explicar con claridad cuánto corresponde al mercado y cuanto a los impuestos. Pero la preocupación va mucho más allá de la gasolina. La energía repercute en el transporte, la producción y el precio de numerosos bienes cotidianos.

Y, aunque una subida salarial puede ayudar, no siempre compensa en encarecimiento acumulado de la vida ni de las cargas que soportan los hogares. No se trata de negar las dificultades internacionales, ni de atribuir cada subida a una sola causa. Se trata de exigir transparencia y un debate serio sobre cómo se distribuye en el coste de la energía y qué efecto tienen los impuestos sobre el poder adquisitivo. Por ello, si de verdad queremos recuperar esa capacidad adquisitiva, no basta con reclamar mejores salarios, sino que también hace falta una rebaja generalizada de impuestos, con transparencia sobre el destino de la recaudación y evitar que cualquier mejora en la nómina termine incluyéndose entre precios y cargas fiscales.

Porque gobernar también consiste en explicar cuánto paga el ciudadano, por qué lo paga y que recibe cambio. ¿Estamos midiendo de verdad la prosperidad de las familias por lo que ganan cada mes o por lo que, después de pagar todo, todavía pueden permitirse?