La democracia, en su inmensa sabiduría y justicia equitativa, es incapaz de resolver de forma sencilla algo tan básico como tener un techo con cuatro paredes donde vivir. Ese activo inmobiliario es objeto continuo de debate: desalojos de inquilinos, presiones sobre propietarios y el esfuerzo de dar “un pequeño paso”, porque el metro cuadrado sube tanto o más que la bolsa, a velocidades de aquellos trenes que antes llamábamos Alta Velocidad.

No contamos con una legislación sencilla, justa, transparente y, sobre todo, humana. El artículo 47 de la Constitución reconoce el derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada, pero vivir tranquilos sigue siendo una quimera para muchos. Millones de españoles no son propietarios; y, si tienes un problema, entras en un laberinto de leyes que no siempre se sienten justas. Tanto abogado, tanta formación en nuestros legisladores, para asistir a situaciones dramáticas como la de esa mujer de 87 años desalojada y sin alternativa habitacional. ¿Dónde está el Estado? La edad no importa. El dinero se antepone a las personas en un mundo materializado, donde sigue valiendo el “tanto tienes, tanto vales”. Con o sin techo, esa máxima sigue vigente en este mundo tecnológico y cada vez más inhumano. En tiempos de Inteligencia Artificial, la pregunta no es si la tecnología simplificará la legislación, sino si los legisladores usarán esas herramientas para hacer leyes más claras, humanas y aplicables, y para garantizar alternativas reales antes de un desalojo.