¿Hipocresía o ignorancia?
Publicado el 16/06/2026 a las 07:22
Hace escasas fechas hemos contemplado con admiración la gran acogida mostrada al Romano Pontífice, como legítimo sucesor de Pedro, y representante de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Y así se presentaba en el encuentro con los miembros del Parlamentos español: “vengo ante ustedes como obispo de Roma y pastor de la Iglesia católica...”. En su discurso dijo que “toda sociedad auténticamente justa se edifica sobre el reconocimiento de la dignidad inviolable de la persona humana. Tal dignidad precede a toda concesión del Estado y no puede quedar subordinada a consensos sociales mudables o al vaivén de las mayorías de cada momento”. Como era de esperar, los medios de comunicación se hicieron eco de sus palabras. Sin embargo, para extrañeza de muchos, algunos primeros espadas del periodismo nacional lo entendieron como un viaje de un simple “jefe de estado” que descalificaba la legitimidad parlamentaria; e incluso, llegaron a afirmar que la actividad legislativa parlamentaria solo tiene por encima la Constitución.
La ley moral natural es un conjunto de principios éticos universales e inmutables inscritos en la naturaleza humana que permiten discernir entre lo que se debe hacer (el bien) y lo que se debe evitar (el mal), siendo accesibles a través de la razón. La ley moral carece de carácter confesional y fundamenta la legitimidad de las leyes civiles, que deben estar en consonancia con estos principios para ser justas; siendo la fuente de la que emanan los derechos fundamentales incluidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Es decir, la política es justa y promueve la libertad cuando reconoce y garantiza un conjunto de derechos, inalienables a la persona, que la razón muestra al ser humano. Por esta causa nos manifestamos abiertamente -independientemente de las mayorías parlamentarias- ante cualquier violación de los derechos humanos: atrocidades derivadas de cualquier conflicto bélico, violencia de género, tráfico de personas, represión política, discriminación racial, restricciones a la libertad de expresión, etc.