Somos las 31 familias de niños y niñas de tres años que hemos realizado la preinscripción en Lizarra Ikastola. Escribimos desde la preocupación, pero sobre todo desde la indignación. Cada una de nuestras familias ha recorrido un camino antes de tomar esta decisión. Hemos visitado centros, contrastado proyectos, hablado con profesionales, reflexionado en casa. No ha sido una elección impulsiva ni casual. Ha sido una decisión consciente, meditada y compartida. Y tenemos muy claro dónde queremos que nuestros hijos e hijas inicien su recorrido educativo: en Lizarra Ikastola.

Elegimos Lizarra Ikastola no solo por su modelo educativo, sino por lo que representa: un proyecto construido desde la comunidad, que pone al alumno en el centro, basado en el euskera, en la participación de las familias y en unos valores que sentimos propios, y que además contribuye de forma activa a la vida del pueblo. Un espacio donde las familias se implican, se relacionan y construyen juntas. Queremos que nuestros hijos e hijas crezcan en ese entorno, formando parte activa de esa comunidad. Y es precisamente eso lo que ahora se nos está negando: no solo una plaza, sino la posibilidad de pertenecer a la comunidad educativa que libremente hemos elegido. Durante todo el proceso de matriculación, la Ikastola ha contado con 50 plazas, correspondientes a sus dos aulas. Así se nos trasladó y así tomamos nuestra decisión. Sin embargo, a mediados de abril, con el proceso ya finalizado, el Departamento de Educación ha reducido esas plazas a 25. A hechos consumados. Y ahora seis de nuestros hijos o hijas, seis, han quedado fuera del centro elegido.

Pero no se trata solo de una cuestión de plazas. También hablamos de la calidad educativa que recibirán nuestros hijos e hijas. Concentrar a 25 niños y niñas de 3 años en una única aula, con una sola persona docente, dificulta claramente la atención individualizada, el acompañamiento y el propio desarrollo del proceso educativo. Decisiones como esta no solo ignoran a las familias, también impactan directamente en la calidad de la educación. Nos preguntamos: ¿qué ha cambiado en apenas unas semanas? No la demanda, no los datos, no la normativa. Ha cambiado el criterio. Y ese cambio lo estamos pagando nosotras y nosotros, que vemos coartada nuestra libertad para pertenecer a la comunidad de Ikastola. Cuando las decisiones de las familias son impuestas desde la Administración, deja de existir una elección real y se rompe el desarrollo natural de la sociedad. ¿De qué sirve entonces que los aitas y amas elijamos si después se ignora nuestra decisión? ¿Qué valor tiene nuestra decisión si puede ser anulada de un día para otro? Señor Gimeno, ¿cómo puede sostener que no se vulnera el derecho de las familias a elegir centro cuando, en la práctica, se nos obliga a escolarizar a nuestros hijos e hijas en un lugar que no hemos elegido? ¿Tan invisibles e irrelevantes somos para sus ojos? Y todo ello ocurre aquí, en Navarra, en 2026. No en contextos donde las libertades están claramente limitadas, sino en una sociedad que se supone comprometida con los derechos y las libertades. No estamos hablando de números. Estamos hablando de decisiones que hemos tomado con responsabilidad y que ahora se ven modificadas sin respetar nuestra voluntad. Por todo ello, pedimos amparo al Gobierno de Navarra, al Parlamento y a quienes tienen la responsabilidad de garantizar los derechos de la ciudadanía, para que se revise esta decisión y se respete la voluntad de las familias. Como sociedad, no podemos normalizar decisiones que vulneran derechos fundamentales. Construyamos una sociedad en la que la libertad de elección sea real y efectiva tal y como recoge la legislación.