El agua es el bien común por excelencia. No pertenece a nadie y, al mismo tiempo, es indispensable para todos. Sin embargo, su gestión dista mucho de responder a ese principio básico. En su recorrido natural de la lluvia al mar, el agua atraviesa un entramado de fronteras administrativas, intereses económicos y decisiones políticas que han fragmentado su gobernanza hasta hacerla, en muchos casos, ineficaz e injusta.

España es un ejemplo evidente de esta contradicción. Mientras unas cuencas sufren un déficit hídrico crónico, otras siguen vertiendo excedentes al mar. No por falta de soluciones técnicas, sino por la incapacidad política de acordarlas. Los sucesivos planes hidrológicos han encallado en disputas territoriales y en la defensa cerrada de intereses particulares, dejando en segundo plano el interés general, la cohesión territorial y la seguridad alimentaria.

A esta disfunción estructural se suma un contexto cada vez más exigente. El cambio climático ya no es una amenaza futura: es una realidad presente que se traduce en sequías más intensas, inundaciones más destructivas y una creciente incertidumbre sobre la disponibilidad del recurso. Frente a ello, seguimos gestionando el agua con esquemas del pasado.

El deterioro de las infraestructuras hidráulicas agrava aún más el problema. Presas, embalses y canales envejecen sin el mantenimiento necesario, mientras los avisos de los profesionales caen en saco roto. No hablamos de un riesgo teórico, sino de una amenaza real para la seguridad y la economía.

Por si fuera poco, la calidad del agua se ve comprometida por la contaminación difusa derivada de prácticas agrícolas intensivas. Fertilizantes y fitosanitarios degradan acuíferos y ríos, hipotecando el futuro de los propios sectores que dependen de ellos.

Y, sin embargo, normas no faltan. Desde las directivas europeas hasta las ordenanzas locales, el marco regulatorio es amplio. El problema no es la ausencia de reglas, sino la falta de una verdadera gobernanza. Una gobernanza que anteponga el bien común al cálculo político, que supere el cortoplacismo y que sea capaz de tomar decisiones difíciles.

Hoy, la gestión del agua se parece más a un campo de batalla que a un espacio de cooperación. Un “nido de intereses” donde cada actor defiende su parcela de poder, aunque el conjunto del sistema se deteriore. El resultado está a la vista: sequías mal gestionadas, inundaciones devastadoras, infraestructuras al límite y sectores productivos en riesgo.

La solución no pasa por más diagnósticos, sino por liderazgo político. Hace falta una gobernanza del agua basada en la gestión por cuencas, la solidaridad entre territorios, la inversión sostenida y la transparencia. Pero, sobre todo, hace falta voluntad de poner el interés general por encima del particular. Porque el agua no entiende de fronteras. Y seguir gestionándola como si las entendiera es, sencillamente, una irresponsabilidad.