Se les llena la boca a los políticos cuando llegan las elecciones y comparten cartel con pequeñas empresas, comercios y trabajadores autónomos. Entonces prometen apoyar a este sector, puesto que reconocen que son las pymes y los autónomos quienes soportan precariamente una gran carga fiscal y laboral. La Unión Europea viene avisando al gobierno español y en especial a su Agencia Tributaria de la necesidad de establecer un sistema de exención completa del IVA a las empresas cuya facturación anual no sobrepase los 85.000 euros. La respuesta de Hacienda supone un desprecio absoluto al pequeño empresario que, en muchos casos, es un trabajador por cuenta propia forzado por las circunstancias. La excusa de la administración es que no es una normativa obligatoria y por ello no la va a poner en práctica. La razón real es que no está dispuesta a reducir su voracidad fiscal y sabe que, como diría mi padre, mucho pocos hacen mucho.

El asunto es importante. En un mundo globalizado y dentro de la Unión Europea establecer una discriminación entre sus miembros es ofensivo y roza la ilegalidad, pero nuestra hacienda se pasa la moral y la legalidad por el arco de triunfo. Su estrategia es la de no cambiar si algo funciona, y el pequeño empresario es un filón para las arcas del estado, que crecen cuando suben los precios de los transportes, la energía y otros gastos, mientras se congelan los precios de venta por la fortaleza de las grandes empresas que pescan en río revuelto e imponen sus condiciones draconianas , siendo en este asunto las empresas públicas y semipúblicas quienes más exigen y menos pagan en sus respectivos sectores.

Tienen como aliado a las inspecciones tanto de la seguridad social , trabajo y hacienda, como apoyos para exprimir este limón y sacarle todo el jugo posible con exigencias administrativas y formales que se aplican en la UE y que obligan a estos trabajadores autónomos a depender de profesionales si no quieren tener problemas con el fisco que, a su vez, no discrimina entre el error y defraudación y que lleva a la práctica la norma de todo el mundo intenta engañar a hacienda mientras no se demuestre lo contrario. La izquierda política no debe defender solo al trabajador por cuenta ajena o funcionarios , si levantan la vista se darán cuenta de que puestos a elegir nadie quiere ser autónomo cuando se intentan igualar las cuotas y no las prestaciones, lo que conlleva que el absentismo en los trabajadores contratados se acerque a los dos dígitos mientras que el que corresponde al autónomo roza el cero. Si lo que quiere el estado es cargarse a la clase media … pardiez que lo está consiguiendo.