Para vivir hoy firmamos contratos con casi todo: luz, agua, gas, teléfono, Seguridad Social e impuestos. Pero al morir, si no hay seguro de decesos, la familia afronta gastos y trámites en el peor momento emocional. ¿Y si no hay familia? Queda un limbo burocrático.

Todos los fallecidos pasan por el Registro Civil, que ya emite certificados digitales. Desde ahí, una Inteligencia Artificial pública podría notificar automáticamente a Seguridad Social (para cancelar pensiones), Hacienda (para cerrar declaraciones) y suministradoras básicas (luz, agua, gas), iniciando de oficio las bajas. ¿Por qué no replicarlo en lo público, con una simple conexión de bases de datos ya disponibles?Lo mismo aplica a la nueva prestación universal por hijo a cargo (200 euros mensuales, no contributiva): si se implanta como ayuda automática, la tecnología podría activarla proactivamente, igual que desactivar obligaciones al morir.Con inversiones mínimas -la Administración ya usa IA en otros trámites, como citas o multas-, esto liberaría a familias del papeleo del pasado. 

Pero pasan gobiernos y ministros aferrados al guion de “las cosas de palacio van despacio”, más pendientes de declaraciones vacías que del bienestar real. Si automatizamos derechos para los vivos, ¿por qué no compasión digital para los muertos y sus deudos? Es hora de que la IA sirva a la ciudadanía, no solo a promesas.

Pedro Marín Usón