El actual Gobierno pone en riesgo la viabilidad del pago de las pensiones del sistema de Seguridad Social porque el nuevo sistema de financiación autonómica que proponen se come gran parte de los ingresos estatales, dejando al Estado con riesgo de no cumplir sus compromisos o acometer nuevos proyectos a partir de 2027 por falta de recursos.

El plan concebido por la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, hace que el Estado transfiera a las comunidades autónomas 24.300 millones de euros por encima de lo que actualmente ya reciben.

La viabilidad de esta enorme transferencia de recursos está fundamentada en que el ciclo económico excepcional de incremento de recursos estatales que se produjeron en 2025 se mantenga en 2027, cosa harto difícil. El marrón se lo deja al próximo ministro/a de Hacienda, ya que ella deja el ministerio para presentarse como candidata a las elecciones andaluzas.

Si el estado carece de suficientes recursos, entre otros efectos nocivos, peligran las pensiones, porque cada año es necesaria la transferencia de una mayor cantidad de dinero de las arcas estatales a la Seguridad Social para cubrir el déficit de recaudación por cotizaciones, máxime ante el actual incremento de pensionistas procedentes de la llamada generación del baby boom. Son unos irresponsables. Y todo, por sostener a Sánchez en el poder unos meses más.