Con la que está cayendo, no solo en el país en conjunto, sino también en Navarra, respecto a las tramas con las que nos desayunamos día tras día, a algunos nos da por pensar. Recientemente, por diferentes motivos, me reuní con personas de diferentes entidades en representación de mi colectivo en Navarra. Y uno de los temas de conversación que salió en todas las charlas fue… cómo está el patio político.

Para la mayoría de mis interlocutores, el gestor administrativo era el gran desconocido, aunque llevamos más de 90 años como profesión reconocida por el BOE. Cuando me preguntan qué requisitos se necesita para poder ser un gestor administrativo colegiado, empiezo a enumerar.

Primero, una licenciatura universitaria (Derecho, Económicas, Políticas, Graduado Social) o alguno de los grados universitarios equivalentes con la nueva normativa. Después, superar bien el máster de la profesión en alguna de las universidades que hay en todo el territorio habilitadas por el Ministerio de Educación, y aprobado por nuestro Consejo General, o conseguir el apto en las pruebas de aptitud (oposiciones), que se celebran anualmente. Más tarde hay que solicitar y obtener el título a nuestro Consejo General. Por último, es necesario solicitar la colegiación en el Colegio de Gestores Administrativos de la comunidad a la que pertenezcas. Y para que se apruebe, nos exigen, además de todo lo anterior, presentar un Certificado de Penales limpio, estar dados de alta en el Impuesto de Actividades Económicas (IAE), tener una póliza de Responsabilidad Civil, pagar la tasas de inicio de actividad, alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), ejercer la profesión de forma personal…

Y luego, para seguir en ejercicio, demostrar una buena praxis, estar al día del pago de cuotas mensuales/trimestrales, acudir a todas las jornadas formativas habilitantes en diferentes materias y, sobre todo, en la deontológica, porque debemos ser conscientes de que en cualquier momento podemos incurrir en responsabilidad civil, administrativa e incluso penal. Tenemos que cumplir con la normativa referente a blanqueo de capitales, encomiendas de gestión, protocolos y convenios… Y nos arriesgamos a que si no hacemos correctamente nuestro trabajo, nos abran un expediente informativo en principio, con la toma de medidas cautelares de suspensión de ejercicio hasta seis meses. Y si la cosa se complica… expulsión indefinida.

Yo hablo de mi profesión, pero podemos poner el caso de otras profesiones colegiadas, como médicos, podólogos, abogados, y otras como panaderos, transportistas o agricultores. A todos se nos exigen requisitos mínimos para poder ejercer nuestra profesión en todos los ámbitos en mayor o menor medida.

Pero a los políticos, personas que nos representan a todos, independientemente del partido en el que militen, que gestionan nuestros fondos económicos, nuestra sanidad, la educación de nuestros niños y jóvenes, las residencias de nuestros ancianos… no se les exige un mínimo de nada. Y así nos va. No hay escrúpulos. No hay principios. Los términos “ética” y “deontología profesional” ni los conocen. Por nuestro propio bien, deberíamos ser más egoístas como ciudadanía. Más exigentes. Y no conformarnos con tanta mediocridad que ostenta puestos de poder. Deberían practicar más la humildad y el voluntariado, más servicio a quienes los hemos elegido, porque están para servirnos, no para manejarnos, robarnos, explotarnos y, en definitiva, anularnos, porque ahora mismo sólo están mirando por ellos y buscando cómo salvarse.

Si todos nos consideramos profesionales, exijamos profesionalidad a nuestros representantes. Porque son eso. Representantes y administradores. No nuestros jefes ni dueños.

Núria García León, gestor administrativo colegiado