Es desesperante la indefensión que sufrimos los usuarios ante algunas empresas de la industria automotriz. En 2015 compré un coche nuevo de marca francesa. No fue un coche barato, y desde el principio acumuló problemas. Pero el más grave ha sido el sistema AdBlue. A los seis años de uso y con menos de 100.000 km, falló por completo. La factura inicial: 1.500 euros. Solo tras protestar con firmeza lograron “ajustarla” a 1.000 euros.

Hoy, apenas cuatro años después, el AdBlue vuelve a fallar. Y yo, como cliente, vuelvo a estar solo. El coche me avisa 800 km antes de que se bloquee. Los talleres no saben, no contestan. El grupo empresarial automotriz que debería dar una respuesta se desentiende. Y, por supuesto, me tocará volver a pagar.

¿Lo más indignante? El propio Estado ha anunciado que este grupo empresarial ampliará compensaciones para este tipo de fallos. Pero, en la letra pequeña, descubro que mi coche no entra por ser anterior a 2017. ¿Acaso el fallo técnico depende del año o del modelo? ¿No son ellos los responsables del diseño defectuoso?

Miles de usuarios estamos atrapados en un callejón sin salida. Pagamos por un producto que falla, y volvemos a pagar cuando falla otra vez. Nadie responde. Y todo esto con el beneplácito de las instituciones. ¿Quién defiende realmente al consumidor?

Pablo Uría Díez