Actualmente, contratar los servicios domésticos de una persona como empleada del hogar convierten al cabeza de familia en un empresario, con las obligaciones que ello conlleva. El cabeza de familia debe dar de alta en Seguridad Social al empleado del hogar, responsabilizarse del ingreso de todas las cuotas (no solo de las suyas sino también las del empleado), confeccionar una nómina mensual; desde ahora, también, hacer una evaluación de riesgos del puesto de trabajo y, próximamente, llevar un registro de jornada. Pronto querrán que se haga, incluso, la retención del IRPF. En definitiva, se les ha convertido en empresarios a la fuerza. Aparentemente todo esto está muy bien sobre el papel pero, a mi modo de ver, este tratamiento puramente empresarial desconoce la realidad del ámbito en el que se desarrollan estos servicios. Son contratados en un ámbito familiar y no en una oficina o en una fábrica. Normalmente, la contratación obedece o bien al cuidado de unos niños pequeños cuyos padres trabajan fuera y se ausentan del ámbito familiar o de unas personas mayores o enfermas, con merma en sus capacidades físicas o psíquicas, que necesitan del concurso de otra persona para las labores del hogar o el cuidado personal. En ambos casos, la razón de la contratación no es mercantil y carece de los rasgos típicos de una actividad empresarial. No existe un ánimo de lucro por parte del contratante y obedece a una necesidad imperiosa y no a un antojo.

Todas estas exigencias que se han ído añadiendo a la contratación de una empleada del hogar hacen que se encarezca y complique tanto que se ha llegado al extremo de imposibilitar su acceso a muchas personas que precisan de estos servicios porque no pueden económicamente hacer frente a tanto gasto y exigencia. Lo más cómodo para el legislador es equiparar al contratante de un servicio doméstico con un empresario y hacerle responsable de todas las obligaciones de este con sus empleados, pero todo tiene un límite y lo que están consiguiendo es que cada día haya menos afiliación a la Seguridad Social y más clandestinidad en la prestación de servicios de los empleados del hogar. Todo ello, por no tratar con mesura un ámbito de prestación de servicios que requiere de una regulación ajustada a sus características y no su equiparación total a una actividad empresarial.