En democracia es imprescindible establecer lo que es legal, pero también discernir lo que es impropio o inmoral. Hay quienes creyéndose más astutos de lo que en realidad son pretenden confundir a la opinión pública.

Algo de esto hay en los asuntos que rodean a la presidencia del Gobierno, unos más personales que otros. Uno de estos casos es el del fiscal general del Estado. A los jueces corresponde dirimir si hay delito o no. Pero en el asunto de García Ortiz hay mucho de responsabilidad institucional y otro tanto de conducta inapropiada. Esto es precisamente lo que trece miembros de la Junta de Fiscales de Sala, entre ellos dos de sus predecesoras, le reprochan al actual fiscal general del Estado.