El pasado día 11, la Consejera de Derechos sociales, Economía Social y Empleo, Mª Carmen Maeztu, comparecía en la Comisión parlamentaria para hablar de los convenios laborales vinculados con su departamento. La intervención venía justificada por la situación que vivimos en las Residencias de Mayores, donde unos pocos, las residencias con ánimo de lucro (las menos y más caras) han hecho embarrancar el Convenio específico acordado para Navarra entre los trabajadores y la inmensa mayoría de las residencias - lideradas por Lares Navarra-.

La Consejera dio datos y casuística, pero dejó tres preguntas sin responder. La primera, ¿qué criterio usa su departamento para justificar cifras salariales tan dispares en sus convenios con entidades concertadas? Por poner un ejemplo, en el Convenio de discapacidad el importe es de 23.180 € mientras que en el de dependencia es de 18.285 €, más de un 25% de diferencia salarial. Segunda pregunta, ¿por qué si, tal y como explicó, existe un sistema ‘innovador’ que permitiría mejorar las condiciones salariales de las trabajadoras, lo tiene congelado y sin actualizar hasta el año 2026? Y, finalmente, ¿qué está haciendo para desbloquear este Convenio? Porque algo podrá hacer su consejería ya que las empresas reticentes al mismo -dos entidades mercantiles, una cooperativa laboral, y una institución religiosa- tienen una gran relación comercial con su departamento.

Señora consejera, creemos que urge aclarar si las trabajadoras que cuidan de nuestros mayores - 5.000 profesionales en la Comunidad foral- se merecen unas condiciones laborales tan dignas como el trabajo que realizan.