Si bien ahora procede acompañar a todos los afectados por la DANA, haciéndole llegar todo nuestro apoyo hasta la vuelta a la normalidad, sería conveniente centrar nuestros debates en la “reducción del riesgo de desastres”. Europa y los países miembros trabajan en programas de adaptación al cambio climático, reducción de emisiones y mejora en la infraestructura. Sin embargo, el actual Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030, que es uno de los principales acuerdos internacionales para gestionar y reducir los riesgos de desastres en el mundo, es por lo general desconocido, su aplicación, está siendo muy limitada en muchos sectores, como instituciones, empresas, universidades y en la ciudadanía en general. Al haber alcanzado ya la mitad de su implementación, esta falta de visibilidad y compromiso es un desafío significativo.

Igualmente, el Primer Plan Nacional para la Reducción del Riesgo de Desastres en España, horizonte 2035, aprobado en el año 2022, ha pasado desapercibido y no ha recibido mucha atención pública o mediática, su conexión al Marco de Sendai es desconocida.

Europa se enfrenta a diez riesgos naturales que varían según la región y el tipo de clima. Con el cambio climático, algunos de estos riesgos están aumentando en frecuencia e intensidad, ahora hablamos de inundaciones, pero hemos sufrido importantes incendios forestales, sequías, ola de calor, heladas, pedrisco de gran tamaño…Trabajar en la reducción de riesgos de desastres es sobre todo una labor humana, científica, educativa, innovadora, generadora de empleo, además de su importante aportación en la inversión y en el ahorro. Debemos fomentar la cultura de la prevención y la resiliencia, introducir a las universidades, centros tecnológicos y sector privado, en la investigación y acción para reducir los desastres, importante también establecer incentivos y regulaciones para que el sector privado invierta en medidas de prevención y reducción de riesgos, lo cual contribuiría a una mayor resiliencia de las infraestructuras y comunidades, pero sobre todo es urgente y necesario mejorar la coordinación interinstitucional para garantizar que todas las comunidades autónomas y autoridades locales participen en la reducción del riesgo de desastres de manera uniforme.

Santiago Pangua Cerrillo