La violencia a los jubilados en Argentina, en las marchas del 28 de agosto y el pasado miércoles, no se debe dejar pasar por alto. Ante estos acontecimientos, alguien tendrá que hacerse cargo de lo sucedido. El Congreso de la Nación debería llamar a declarar a la ministra de Seguridad para que pueda explicar las razones del accionar de las fuerzas policiales. En un país democrático todo ciudadano tiene derecho a expresar sus quejas y reclamos contra el Estado. Si el presidente hace oídos sordos a lo dictaminado por el Senado de la Nación, de otorgar el aumento del 8,1% en sus haberes, a la gente mayor no le queda otra alternativa que manifestar su disconformidad. Resulta inconcebible que una marcha pacífica en contra del veto presidencial tenga que ser reprimida con gases y palos. Si bien pudo haber habido infiltrados, esto no justifica la violencia ejercida hacia los abuelos. Ellos no son piqueteros, solo defienden sus derechos y pretenden ser escuchados.