Vaya por delante que soy pescador a cebo natural y con muerte, eso sí, mi capacidad depredadora se limita a cinco días por temporada, dos truchas por día. Me centraré en la trucha, que es lo que más conozco.

En el artículo publicado en este periódico en el que se propone vedar la pesca de la trucha y el salmón durante los próximos tres años hay cuestiones que no me quedan claras, ¿las mediciones que han realizado incluyen los tramos de río ya vedados, algunos desde hace mucho tiempo, y los tramos de captura y suelta?

Me gustaría saber si en dichas zonas tenemos una población con alta densidad. Si no fuera así, me parece que algo no se está haciendo suficientemente bien. Valoremos los inconvenientes que tiene la trucha. El agua de nuestros ríos tiene en muchos casos altos niveles de contaminación, la microfauna de la que se alimenta la trucha ya lo padece.

Además se sobreexplotan los acuíferos y no se garantizan los caudales mínimos. El bosque de ribera se ha convertido en selva, perfecto hábitat de algunas especies que depredan la trucha. Se han reintroducido nutrias en cauces con poblaciones de trucha escasas. La proliferación de aves depredadoras es un hecho por ejemplo cormoranes (foráneos) con un ataque para el que la trucha y el esguín no creo estén preparados. Se han introducido en nuestras aguas peces foráneos que son un riesgo absoluto para la trucha, como el lucio, un auténtico tiburón fluvial.

No he detectado en el artículo ninguna autocrítica, se vienen aplicando medidas restrictivas desde hace muchos años y por lo que se manifiesta la situación empeora. La medida salvadora es vedar la pesca de salmónidos. Lo harán y si dentro de tres años la situación no ha mejorado habrá una buena razón para ello. Al tiempo. Si hay que vedar, una opción sería hacerlo de forma rotatoria, abrir zonas vedadas desde hace tiempo y vedar otras. Que demuestren que sus restricciones funcionan. Pero eso implica un riesgo, el de comprobar si esas zonas tanto tiempo vedadas tienen una densidad adecuada o no, y por lo tanto poder valorar fehacientemente si la gestión que se lleva a cabo es la adecuada.