El sábado 31 de diciembre el BOE publicaba la ley 39/2022 del Deporte, (LD en adelante). La tramitación ocupó más de un año y fue aprobada por 166 votos contra 157 y 18 abstenciones. Tras casi diez meses de vigor (1/O1/23), la LD no ha experimentado desarrollo alguno, previsto en varias disposiciones finales quizás debido a las elecciones celebradas durante este período, creando un confuso vacío legal.

El histórico y meritorio triunfo de la selección femenina de fútbol, campeona del Mundo, eclipsado con la esperpéntica conducta del presidente de la RFEF y el inmediato y vergonzante aplauso y apoyo de la mayoría de corifeos de la corte federativa, con marcha atrás de muchos, ha dado lugar a una dura réplica de las campeonas exigiendo una serie de importantes cambios en las estructuras de la RFEF. Llevan un mes la RFEF y las jugadoras enzarzadas a través de comunicados, amenazas, reuniones, mediaciones, etc, provocando hasta declaraciones del ministro del ramo sobre la caótica situación. Precisamente, la exposición de motivos de la LD, apartado VI dice en un párrafo: “Afortunadamente, el modelo federativo español vive un momento de suficiente madurez que permite que el Estado no tenga que tutelar alguna de sus actividades más esenciales como venía sucediendo hasta la fecha”.

No pueden ser más desafortunadas esas líneas, en el caso de la RFEF, que proclama su autonomía, pero que ha quedado en pañales al tener que ser “sustituida” su organización por el presidente del CSD en las relaciones personales con las jugadoras de la última convocatoria de la selección. La tortuosa trayectoria y dudosas actividades durante el mandato del ex -presidente de la RFEF, la ha salvado varias veces el CSD gracias a esa “privacidad de la entidad,” absteniéndose de actuar. Pero ahora el Gobierno ha tenido que mojarse más de lo que pensaba, pues como dijo el presidente de la Liga “llueve sobre mojado”. La tajante postura adoptada por las campeonas puede ser el detonante que obligue a la organización y estructura del fútbol no profesional competencia de la RFEF a ser transparente y racional, con el objetivo prioritario del fomento de su deporte. Y ello pasa básicamente por unos procesos electorales en todos los ámbitos , con garantías y exentos de opacidad.