Obviamente se ha de partir del hecho de que, estando el Congreso integrado por 350 Diputados, la mayoría absoluta queda cifrada en 176 votos, así como en el hecho también de que las preferencias del electorado se reparten entre un partido que cabe calificar de centro-derecha representado por el PP, y otro que cabe calificar de centro-izquierda representado por el PSOE, que con sus adláteres a ambos extremos configuran dos bloques, prácticamente inamovibles, bloques que en las pasadas elecciones de julio obtuvieron respectivamente 169 y 153 escaños, existiendo un tercer bloque integrado por diversos partidos independentistas que rondan entre todos los 25 escaños.

Se produce pues la circunstancia de que la gobernabilidad de España depende, o bien de que ambos partidos mayoritarios llegasen a un pacto que la hiciese posible, o bien de que uno de ellos se aviniese a aceptar el chantaje independentista a pesar de que “la indisoluble unidad de la nación española” no solo es una exigencia constitucional sino el fundamento de la propia Constitución, como recoge su artículo 2º, no siendo realista la alternativa de repetir las elecciones pues lo más probable es que también se repitiese el resultado. Pues bien, dado que, por incomprensible que sea, resulta imposible que ambos partidos lleguen a tal acuerdo, España se enfrenta a la disyuntiva de que, o bien efectivamente uno de ellos se aviene a asumir la traición de aceptar el chantaje, o bien de asumir dicho inevitable bloqueo de la gobernabilidad, chantaje y bloqueo que se perpetuarían hasta el cumplimiento de la pretensión independentista, lo que supone un conflicto que conduce irremisiblemente al fracaso de la democracia.

Ante tal situación, y asumiendo que, como queda dicho, el pacto de gobernabilidad resulte imposible, en lo que no cabe que los partidos disientan es en que, sí o sí, urge erradicar el conflicto, por lo que, siendo evidente que su origen está en el desacertado sistema electoral vigente, la solución consiste en cambiar el sistema, lo que afortunadamente no solo sería sencillo sino también oportuno de llevar a cabo en este momento dada la real situación de bloqueo actual, y se implementaría pactando de la manera legalmente más adecuada una investidura de transición, en la que la asunción de la presidencia no debería de suponer problema alguno por resultar indiferente, en la que la investidura tendría por objetivo exclusivo la formalización legal de los dos acuerdos previamente alcanzados consistentes en la sustitución del sistema electoral actual por el sistema de la doble vuelta, y la convocatoria de nuevas elecciones generales vigente ya el nuevo sistema.

Que nadie se equivoque. Quien teniendo en su mano la solución de un problema no lo soluciona es cómplice necesario del problema.