A lo largo de la acabada legislatura, Sánchez ha mostrado una nula voluntad de resolver la situación en la que se encuentra el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), con una política de Estado que vaya más allá de los intereses de su partido. Esto se ha traducido en una parálisis del máximo órgano de Gobierno de los jueces con nefastas consecuencias para el día a día de la justicia, tanto en el Tribunal Supremo como en los Tribunales Superiores de Justicia.

Solucionar esta crisis debe ser una prioridad para quien , tras las elecciones del 23 de julio pueda formar nuevo gobierno, en un escenario que garantice la independencia y el prestigio del Poder Judicial. No olvidemos que uno de los aspectos más nefastos de la llamada “mayoría Frankenstein” ha sido el intolerable ataque a los jueces por parte de algunos miembros del propio Consejo de Ministros.