Soy una persona licenciada en Medicina, me casé y formé familia. Mi vida era como la de muchísimas personas hasta que en el año 2005 y después de 15 años de matrimonio “feliz” mi ex-mujer siguiendo los consejos de su abogado me arrastró a un divorcio contencioso para resolver un problema de avaricia desmesurada, sin importarle nada ni nadie, incluyendo a sus hijos, y en que la “justicia” colaboró en todo momento.

En el 2013 denuncié a un Juez de provincias al Consejo General del Poder Judicial porque permitió que se hiciera la liquidación de la sociedad conyugal sin estar yo presente y enterándome por los embargos decretados sobre mis cuentas. A Dios gracias, a la Demanda de Nulidad Judicial, y la denuncia ante el Consejo General del Poder Judicial, se anuló dicho despropósito judicial, pero no me consta que le hayan reprochado su conducta a ese juez. Recusé a otro juez que quería resolver sobre una propiedad privada heredada de mis padres y que mi ex reclamaba como suya.

Hoy en día y después de 18 años sigo alimentando a este Sistema Judicial cada día con más jueces ineficaces, que te arruinan económicamente si no te arrodillas a su poder y a su manera de aplicar lo que entienden por justicia. Ya no te dejan ni vivir dignamente. Hace poco presenté una nueva demanda contra mi ex mujer para sacar de la liquidación conyugal 250.000 € y que el juez permitió incluir a la otra parte valorando como negocio familiar el ejercicio de mi profesión. Así mi persona debía aportar dicha cifra como compensación hasta mi jubilación (ya que se me considera como una empresa) y debía darle la mitad de los ingresos que yo generase aún estando divorciados. Un auténtica locura de este resentido juez, que con esto aseguraba que el piso conyugal libre de cargas se lo quedase ella. Además evitó dicho juez que reclamarse el 50% de todos los gastos que tuve que afrontar yo sólo durante un tiempo a la sociedad conyugal.

Ahora me encuentro de nuevo acudiendo en segunda instancia a la Audiencia Provincial de Navarra para conseguir equidad de un juez libre de corporativismo, que quiera leerse el tocho de prueba documental y aplique con honestidad las leyes y el estado de derecho.