A pesar de presentar algunas debilidades como la atención a la salud bucodental y a las enfermedades mentales, el sistema que garantiza una sanidad, sin discriminación, a los ciudadanos españoles es uno de los mejores del mundo y Navarra siempre ha estado en los primeros lugares en una competición sanitaria autonómica.

¿Qué ha pasado para que tengamos que hablar en pasado y toda España se queje de la asistencia sanitaria? Se han dado una serie de circunstancias previsibles, que desde el inoperante Ministerio de Sanidad y desde los gobiernos autonómicos de los últimos años no han sabido prever. La evolución demográfica ha supuesto un envejecimiento de la población - también un mayor número de médicos jubilados- con una lógica mayor demanda de asistencia. Una mala previsión de las necesidades de personal sanitario para los siguientes años. Una insuficiente retribución de médicos y enfermeras y escasa contribución de estos en los mecanismos de gestión y dirección. Solamente una circunstancia no era previsible: la reciente pandemia. Como consecuencia de todo ello un evidente deterioro de la asistencia sanitaria tanto en primaria como en especializada, ambas con una única vía de desahogo, las sufridas urgencias. Las listas de espera, en pacientes con patología médica o quirúrgica, las revisiones de pacientes con enfermedades crónicas, o las pruebas complementarias diagnósticas o terapéuticas, son vergonzantes e inadmisibles. Esta situación requiere una reforma estructural a corto medio plazo, competencia de las autoridades sanitarias, y una serie de medidas coyunturales, urgentes, sobre las que me atrevo a opinar, como ciudadano y paciente y desde la experiencia de haber trabajado cuarenta años en distintos puestos de la sanidad pública navarra.

Hay que hacer atractiva Navarra a los profesionales sanitarios y hay que pagar más. Los médicos han estado históricamente mal pagados, la carrera profesional se ha convertido en un complemento por antigüedad y el pago por exclusividad - en la que Navarra es su último reducto- no es más que una absurda discriminación entre médicos que no garantiza, en absoluto, una mejor asistencia. Pagar más y buscar incentivos económicos para los mejores ,en función de cumplimientos de objetivos, labores docentes, gestión, acreditación de excelencia en la asistencia, trabajos, publicaciones de impacto internacional, disponibilidad, movilidad...

Hay que solucionar de forma urgente las listas de espera. Existe una Ley Foral 14/2008 de garantías de espera en atención especializada que en su artículo 3 título 2, regula los tiempos de espera en consultas con carácter programado y no urgente : “se garantiza un plazo máximo de 30 días desde la solicitud por un facultativo; de 10 días para consultas con carácter preferente; de 45 días para pruebas diagnósticas y un máximo de 120 días para intervenciones quirúrgicas(60 días para cirugía cardíaca). En su artículo 5: “en el caso de que se superen los tiempos de espera fijados, el paciente podrá requerir del sistema público atención preferente y prioritaria en los centros de salud públicos o de manera subsidiaria en centros concertados.” Nada parecido a la realidad.

Deberíamos a título personal, o colectivamente, denunciar el flagrante incumplimiento de la ley por el gobierno foral y hacer ver las consecuencias potencialmente graves derivadas de este incumplimiento. ¿Se han enterado nuestros gestores sanitarios del sorprendente aumento de mortalidad en España, en los últimos meses, no explicable después de haber cedido la pandemia? Hay algo que dificulta o impide la toma de decisiones en la gestión sanitaria. La política, la ideología política de los gestores, miembros del gobierno, parlamentarios o representantes sindicales. En este momento es un absurdo el enfrentamiento entre lo público y lo privado, olvidándose del fin último que debería ser el beneficio del ciudadano, en este caso del paciente. Ni lo público ni lo privado son intrínsecamente buenos o malos. La medicina pública y la privada no tienen por qué ser antagónicas, pueden coexistir y ser complementarias como ha ocurrido de forma lógica y eficiente en la reciente pandemia. ¿Qué pasaría si de repente desapareciera la medicina privada en España? Y lo mismo referido a la educación, con respecto a los colegios privados y concertados, o con nuestros ancianos, con un 85% de residencias privadas o concertadas. Basta de líneas rojas, cordones sanitarios y barreras, que priman sobre el interés y beneficio de la mayoría de la gente.