En la España Constitucional, desde la primera escrita en las Cortes de Cádiz de 1812, al menos si sólo una Constitución hubiera sido respetada: “por la Corona, por los Gobiernos, por los partidos políticos, por el ejército”, tal y como proclama el Catedrático en Derecho Constitucional D. Antonio Torres del Moral, en su libro de título Constitucionalismo histórico español, estaríamos en una dialéctica y convivencia reflexiva y razonada, donde todo ciudadano podría tener claras las reglas del juego en una sociedad democrática y moderna. Algunos opinamos que el problema del desarrollo político no estriba en el contenido de las constituciones redactadas en España, incluida la vigente de 1978, sino como dice Ganivet, en su idearium español: “En mi opinión, lo más triste que hay en nuestra decadencia no es la decadencia en sí, sino la refinada estupidez de que dieron repetidas muestras los hombres colocados al frente de los negocios políticosen España”.

Estamos ante una decadencia de actuación de nuestros representantes políticos, que lejos de encargarse de gestionar, dirigir, y en definitiva, proteger los principios de nuestra Constitución para el buen desarrollo de las leyes que emanarán de la misma, están provocando que la ciudadanía se divida y esté enfrentada. No termina de satisfacernos una Constitución por igual a todos, y seguimos arrastrando el dicho popular “cada partido una Constitución, y un general para imponerla”.

¿Por qué, ni siquiera en las cuestiones trascendentales, no se ponen de acuerdo nuestros representantes políticos?, me pregunto yo. Cada partido político en el Gobierno decreta su propia Ley de educación, que difiere muchísimo de la de otros gobiernos, tanto que resulta imposible imaginar que los partidos políticos pertenezcan a la misma historia y cultura de este país.

Quiero recordar que pagamos impuestos, no sólo para educación, sanidad, seguridad, y un largo elenco de partidas económicas para la sostenibilidad de las necesidades y servicios de nuestra sociedad, sino que también de nuestros impuestos van destinados a los sueldos de nuestros representantes políticos, unos 400.000, entre diputados, senadores, parlamentarios autonómicos, alcaldes, concejales, etc., que por cierto son el doble de representantes que tiene Alemania para la gestión de un país con el doble de habitantes que el nuestro.

Por favor, pónganse de acuerdo y no nos hagan avergonzarnos de un país con tanta historia como el nuestro.