En los últimos años y tras la crisis de 2008 se viene repitiendo, sobre todo desde la izquierda política, que las personas deben estar por encima de la economía. Un eslogan estupendo para ganar votos, pero que de poco sirve a las personas si luego se queda en eso, en el eslogan.

Escribimos esta carta para denunciar públicamente nuestra situación. Somos personal telefonista del SNS-O, el único colectivo de la Administración Foral cuya labor está desempeñada por nombramientos de dos niveles de encuadramiento diferentes y por tanto con retribuciones distintas, menor en nuestro caso, pese a realizar exactamente el mismo trabajo. Una situación similar a la del personal administrativo que se solventó con el acuerdo de Fondos Adicionales de 2018.

Nuestra solución también estaba en ese acuerdo pero condicionada a que en 2020 se cumpliera el objetivo de déficit - ya saben, las personas antes que la economía -, pero como no se cumplió seguimos con la misma discriminación salarial, más dolorosa si cabe en el actual contexto de crisis económica y un poder adquisitivo notablemente mermado. El principio de “A igual trabajo, igual salario” de primero de sindicalismo, solo se saca del congelador cuando el colectivo afectado puede arrastrar numerosos votos, que por lo reducido del nuestro no es el caso. En esto las organizaciones sindicales tampoco difieren mucho de las políticas, así que visto nuestro abandono recurrimos al Defensor del Pueblo de Navarra, que asumiendo la injusticia de nuestra situación, el pasado julio dictó una resolución recomendando al Gobierno de Navarra nuestra reclasificación, a lo que el Departamento de Presidencia, Igualdad (sí, como suena), Función Pública e Interior respondió que la Ley de Estabilidad presupuestaria - ya saben, las personas antes que la economía - impide cualquier incremento de la masa salarial, que solo puede llevarse a cabo esa reclasificación en caso de que el Estado habilite a ello y que lo harán cuando tenga cobertura legal. Por este motivo en octubre enviamos un escrito a todos los grupos parlamentarios informándoles de todas estas circunstancias y solicitando precisamente eso, que solucionen nuestra situación dándole la cobertura legal en los próximos presupuestos como ya hacen con otros colectivos profesionales de la Administración. Pero no hemos visto la solución a nuestra demanda en el proyecto de presupuestos.

Cuando alguien obvia sus principios fundamentales y teniendo en su mano la solución a una desigualdad no la soluciona, se convierte en farsante y si alguien no debiera tener cabida en la política ni en las instituciones son los farsantes. Señoras y señores del gobierno de Navarra, del PSN, Geroa Bai y Podemos y por extensión de los partidos que lo sustentan: ¿esta es la idea que tienen de la igualdad? ¿Este es el valor que dan al Defensor del Pueblo? ¿Con qué legitimidad van a pedir a una empresa privada que elimine las discriminaciones salariales cuando la mantienen en la Administración que dirigen? ¿Igualdad?, ¿las personas por delante de la economía? ¡Ja! En boca de ellos filfa, nada más.