Ha pasado bastante desapercibida en la reforma laboral recientemente aprobada la prevalencia del convenio estatal del sector sobre los convenios de empresa. Es un error mayúsculo que solo contenta a los sindicatos que serán más visibles en la negociación de los convenios. Sin embargo, toda experiencia y sentido común indican que será muy negativo para las empresas y, sobre todo, para los trabajadores.

Un convenio nacional pone a todas las empresas del sector en el mismo plano de costes laborales, cuando las grandes empresas pueden disponer de medios y financiación, aceptar aumentos de convenio que las pequeñas no pueden, porque les resulta difícil defender estos costes en su mercado y porque tienen que hacer de financieras para las grandes que les obligan a cobrar sus facturas a largos plazos. El convenio de empresa es el que mejor puede conciliar los intereses de los protagonistas, porque se conoce la problemática de la empresa y del mercado donde se mueve. Lo que habría que hacer es ayudar a estas con deducciones fiscales para que puedan generar beneficios sociales para sus trabajadores, al margen de los salarios una vez se hayan conseguido los objetivos presupuestados.

Por otra parte, la incidencia de la carga fiscal de Seguridad Social sobre los salarios debería de ser progresiva como ocurre con el impuesto de sociedades. Los autónomos y micro pymes, por ejemplo, el 70% de recargo en S.S, las pequeñas y medianas el 90% y las grandes el 110%. Solo de esta forma estaremos ayudando a la creación de nuevas empresas eliminando alguno de los muchos inconvenientes que tienen para poder desarrollarse. No olvidemos que en ellas descansa la mayoría de los puestos de trabajo del país y que tanto necesitamos incrementar. Por otra parte, haciendo un símil, hay que ayudar al pollito, cuando es débil y pequeño, para cuando sea adulta gallina podamos comer sus huevos.