He tratado de acceder a la carpeta ciudadana de mi madre para conseguir su historial médico, con el mismo resultado infructuoso que la vez que traté de conseguir su pasaporte covid-19 cuando se impuso su obligatoriedad para acceder a determinados espacios.

Después de navegar, leer preguntas frecuentes y realizar búsquedas en la web de la carpeta ciudadana, para mi alegría y sorpresa he visto un apartado que ponía “Acceso a terceros” dirigido a padres o tutores legales de menores de 12 años y de adultos incapacitados o tutelados. ¡Vaya, mi gozo en un pozo! Sus lectores ya conocen las dificultades que conllevan este tipo de trámites para un usuario “normalito”. Pónganse ahora 40 o 50 años más y alucinen con el entorno y las premisas que se les supone: deben ustedes tener una cuenta de mail. “¿De qué?”. De correo electrónico mamá, donde le enviarán un enlace a través del cual accedes a una página de entrada. “¿Qué? Dame un poco de ese LSD que se parece al de los astrónomos griegos, hija”. También deben disponer de un móvil para recibir SMS. “¿Esemese?”. Sí, mamá has oído bien. Recibirás un código de verificación-. “¿Y eso qué es?” . ¡Uf, qué difícil! ¿No creen que es pedir mucho a una generación que ha luchado porque tengamos todo tipo de derechos y comodidades? Les estamos fastidiando su vida cotidiana con imposiciones que no les corresponden. Mi madre podría considerarse incapaz digital, pero no es incapaz por sentencia judicial, sino porque la están obligando a vivir en un tiempo y de unas maneras que no le tocan. No sé qué porcentaje de personas incapaces digitales habrá en Navarra, pero es seguro que son personas que pagan y han pagado impuestos durante muchos años, que deberían tener unos derechos de acceso a su información como cualquier otro ciudadano más, sin trabas digitales. Debería haber alguien con un poco de luz en el organigrama, que piense en favorecer los trámites con la administración para estas personas que están siendo marginadas.