No es verdad que la sociedad española sea, desde el pasado 25 de junio, una sociedad con mayores libertades y derechos por la aplicación de la eutanasia. La mayoría que sostiene al Gobierno de Sánchez ha impuesto en España una ley que no responde a una demanda social, y además ha hurtado a la ciudadanía un debate en profundidad sobre una cuestión decisiva para la convivencia.

La solución progresista hubiera sido apostar por los cuidados paliativos, que representan un avance en la medicina integral, a través de una ley del cuidado y del acompañamiento en la vida terminal. Lo progresista hubiera sido también afianzar la autonomía de los médicos a través del desarrollo de la objeción de conciencia. Esta es una ley injusta y perniciosa, pero con ella no termina el debate, al contrario, hay más motivos que nunca para profundizar en los fundamentos de una nueva cultura de la vida y de la solidaridad.