Los Ayuntamientos tienen la competencia respecto a la gestión del agua a su población. Pero una población de baja entidad poblacional no puede estar regulándose un servicio tan necesario, y vital, por su cuenta, con garantías de suministro continuado y calidad, porque no dispone de los medios necesarios para hacer de la eficiencia el principal fundamento de ese servicio. Eficiencia que no puede darse sin el concurso de personal técnico adecuado, con los recursos adecuados, que controle los suministros en alta y en baja, mantenga preventivamente todas las infraestructuras, e intervenga de modo rápido y eficaz ante cualquier tipo de anomalía, para su subsanación en tiempo y forma. Con su propio presupuesto no se lo puede permitir.

Toda obra de renovación, rehabilitación o reforma para mejorar el sistema que tiene (que, lógicamente, le vendrá a través de subvenciones de la entidad de gobierno correspondiente), está destinada a tener una corta vida útil, mientras se mantenga su déficit de gestión técnica, haciendo que la inversión inicial no alcance los objetivos deseados, y que los problemas sigan apareciendo, ocasionando los perjuicios correspondientes a los usuarios del servicio.

Por eso, es imprescindible que este tipo de entidades municipales se integren en otras de carácter supramunicipal, que cuenten con esos recursos de gestión, por economía de escala, que tiendan a lograr el mejor servicio, con todas las garantías. Sólo de esta manera se puede conseguir el objetivo deseado.

Esas entidades supramunicipales existen en nuestra Navarra (unas más grandes y otras más pequeñas, en función de su rango poblacional) y dan unos resultados que pueden verse y auditarse. Hoy por hoy, no he oído/leído quejas de una sola población que se haya integrado en ellas y no haya salido beneficiada, tanto en las garantías comentadas, como, en muchas de ellas, en su propio desarrollo urbanístico (poblacional e industrial).

Pero existen otras muchas poblaciones (y hablo de incluso más de 3.500 habitantes, que en Navarra pueden considerarse grandes) que siguen dependiendo de sí mismas, con todos los inconvenientes comentados. Y que no pueden optar, hoy por hoy, a integrarse en una entidad de servicios supramunicipal (sigo hablando del ciclo integral del agua) que mejore sus condiciones. Esto no debiera darse, y es responsabilidad del Gobierno Autonómico. No se puede seguir dejando de lado a unas poblaciones que tienen tanto derecho, como cualquiera, a tener unos servicios dignos, bien gestionados, que les puedan hacer olvidarse de los contratiempos de los suministros, sus costes constantes y el descrédito que sufre su “agua de grifo”.

Del mismo modo que abogo por las poblaciones en esas circunstancias, discrepo totalmente de aquellas que, teniendo la posibilidad de integrarse en una de estas entidades supramunicipales, no lo hacen. Máxime si sus recursos no tienen calidades adecuadas, abocando a su población a no usarla “para boca”. Asumiendo, además, unos costes que tengo muy serias dudas de que hayan valorado en toda su extensión. Teniendo en cuenta, además, situaciones que pueden devenir en problemas derivados directamente de la degradación o contaminación de sus recursos de origen, dada su ubicación. A quienes gestionan políticamente estas poblaciones, que pueden acceder a unos servicios de calidad y no lo hacen, les pediría que hagan un balance de sus problemas, saquen cuentas debidamente (teniendo en cuenta todo) y analicen su realidad, dejando de lado cualquier otro interés. Si oponen el discurso de que la entidad supramunicipal no les va a dar el servicio adecuado y van a salir perdiendo, no tienen más que ver la realidad en las poblaciones que sí decidieron la integración. Están obligados a dar un servicio de la máxima eficiencia, garantizando suministro y calidad. No lo olvidemos.