Migrante con contrato de trabajo. Le caduca el permiso de residencia y de trabajo y acude a un conocido abogado, que se autodefine como especializado en extranjería. Previo pago de 100 euros, se compromete a tramitarle la renovación. Pasan los días y le comunica que la renovación le ha sido denegada. Hay que presentar recurso, pero esto cuesta 200 euros, le dice el “abogado”.

Pide al letrado el número de expediente, y el documento en el que se deniega la renovación. El abogado le dice que no lo encuentra y que ya le llamará. Resulta que no ha tramitado nada, y le dice que le devuelve 50 euros, pero que los otros 50 euros se los queda por la “consulta”.

Extranjería no atiende, está “cerrado”. Las gestiones se han de hacer online. Muchos migrantes carecen de medios y capacidad. La administración competente no les atiende, hay mercadillo de citas. La dirección general, con rango de consejería de Políticas Migratorias y Justicia, ni está ni se le espera.

Juan Antonio Ascunce