Dice el refrán español que “nadie da duros a cuatro pesetas”, y es también aplicable a Internet. Acciones tan cotidianas como conectarse al correo electrónico, publicar una fotografía en una red social o consultar el tiempo no son gratuitas porque las pagamos con nuestros datos personales.

Esta información - a primera vista poco relevante- es un tesoro para empresas y gobiernos, que la utilizan para promocionar sus productos comerciales o influir en las campañas electorales. Expertos en la materia calculan que este modelo de negocio mueve actualmente más de 700.000 millones de euros y va en aumento. Pero, además, existe un mercado negro de venta de datos en la Deep Web: la red oscura utilizada por todo tipo de delincuentes para evitar a la policía. Se calcula que nuestra identificación personal vale medio dólar. Un negocio redondo para los ciberdelincuentes que obtienen grandes beneficios realizando actividades maliciosas a través de la suplantación de nuestra identidad. El Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y el Consejo, y su transposición en España a través de la Ley Orgánica 3/2018, tratan de proteger los datos de Internet del usuario pero su aplicación resulta muy complicada, especialmente en las plataformas gratuitas. Por eso, la legislación debería ahora obligar a los servicios de Internet a dar la opción de permitir al usuario decidir libremente si quiere intercambiar sus datos personales o rechazar las ‘cookies’, pues a través de ellas obtienen los perfiles de la gente. Hasta entonces debemos ser cuidadosos cuando naveguemos por la red, porque nuestra información personal está a la venta. No olvidemos que nada es gratis en Internet.