El pasado miércoles, 23 de diciembre, víspera de comienzo de las fiestas y vacaciones de Navidad, y en plena crisis de la pandemia, el Gobierno aprueba la octava ley educativa de la Democracia, la Lomloe, más conocida como “ley Celaá”. Esta ley se caracteriza por varias “ocurrencias”, pero una de las principales y, a mi juicio, una de las más preocupantes es que es la ley con menos diálogo de la democracia. Por primera vez en la historia de la Educación en España, un texto educativo legal no ha contado con la comunidad educativa durante su tramitación parlamentaria, ni en el Congreso ni en el Senado. La ley Celaá irrumpe en España de una manera impositiva, sin respetar a profesionales de la Educación, ni a las familias, a pesar de contar con el rechazo de gran parte de la comunidad educativa por sus “ocurrencias”: atacar a la concertada, hostigar la Religión como asignatura, eliminar la referencia al castellano como lengua vehicular en la educación y oficial en España, o la imposición de la educación sexual, la coeducación y el respeto a la diversidad afectivo-sexual desde los 6 años, entre otras. Una ley al servicio de los independentistas, de los intolerantes, una ley que rompe la convivencia, hasta ahora una realidad democrática y social, entre centros públicos y concertados, una ley que se carga de un plumazo la unidad lingüística de España. En definitiva, una ley inconstitucional que ataca la libertad de los padres, una ley que desprecia a los profesionales y teóricos de la educación, una ley que denosta la lengua común de nuestro país, España; esto es la Ley Celaá. Nada más, no es una ley educativa, es una ley contra la libertad y la democracia.

Judith Sarrablo, presidenta TÚpatria Navarra.