Como todos los años, llevamos ya tiempo comprando décimos de lotería de Navidad. Una lotería cuyo arraigo se basa, al margen del histórico, en el deseo de compartir con otros una probabilidad escasa de premio, pero que refuerza los lazos de convivencia (familia, amigos, compañeros de trabajo…), con el mejor de los deseos económicos, que permitan conseguir una buena dosis de dinero para nuestros proyectos personales.

En la crisis económica del 2008, y por decisión del gobierno de turno, se estableció un nuevo impuesto, consistente en retener el 20% de los premios a partir de una cifra concreta. La decisión se estableció en base a conseguir más dinero para las arcas estatales, con el fin de poder hacer caja para potenciarlas, en ese marco de crisis (“impuesto nuevo” que se ha mantenido en el tiempo). Si ya del global de dinero de esa lotería, un buen porcentaje iba directamente al estado (premios no asignados por el bombo, etc), esta medida provocaba su aumento directo a costa de quitarlo de las ilusiones de los premiados. Dinero que, en conjunto, nunca ha sido informado al respetable (al menos, yo nunca he podido ver -igual es que no leo bien los datos- que se indique para su conocimiento, lo cual no me parece “ni medio bien”).

A la vez que se tomaba esta medida, vimos dilapidar una cantidad exorbitante en un famoso plan, de infausto recuerdo. Y vimos, a continuación, cómo una cantidad muchísimo mayor se destinaba a proteger a la banca (no todas las entidades, y hay que dejarlo claro) para su supervivencia. Cantidad que, hoy por hoy, todavía está pendiente de recobrarse para las arcas públicas (y las entidades beneficiadas siguen repartiendo dividendos a sus accionistas), mientras se sigue con políticas de reducción de desgravaciones a las familias (al menos en Navarra) y otras en la misma línea de engrosar “la caja” a costa del “pequeño” de los mortales.

Todo esto, aderezado con sobrecostes contra el erario público, en base a incrementos de sueldos al estamento político (normalmente aprobados por unanimidad - es en lo que no existe problema para llegar a acuerdos, sean del signo que sean los “pobres actores”-) e incrementos notables del “cuerpo de élite” de políticos (ministerios y “su cohorte”, consejerías, asesores, etc.) sin el menor rubor, por “exigencias de pactos” y componendas varias para conseguir el objetivo deseado: el poder. Y esto, mientras nos siguen machacando la cabeza con explicaciones vergonzantes, aún dentro de una nueva crisis provocada por la actual pandemia que, hoy por hoy, tiene pocos visos de solucionarse en un período corto (por no decir medio-largo). Todo esto, cuando la realidad es que, un muy alto porcentaje de la ciudadanía, entre los que me incluyo, -que les mantiene con sus impuestos- considera que “sobra una parte muy importante de políticos, a nivel de Congreso y Senado, como a nivel de las cámaras autonómicas”, así como sobran las ventajas que consiguen, para siempre, por el mero hecho de su acceso a la política de gestión (habría que ver el trabajo efectivo de muchos) en esas entidades.

Es por ello (a la espera de un referéndum que nos dé opción a determinar reducciones ostensibles de políticos “de carrera exclusiva, currículum, en política” y las “exigencias mínimas necesarias para acceder a esos cargos”) que tras 12 años de esta usurpación (no veo otra definición acorde para expresar mi sentimiento) de dinero e ilusión en esos premios y, con todo lo expresado anteriormente, creo que el Estado debiera poner fin a esta medida y dejar las cosas como estaban. O, al menos, con los requerimientos oportunos -debidamente controlados y con información específica del dinero para conocimiento público, como exigencia fundamental-, dejar que los premiados sean los que elijan a dónde destinan ese 20% de su premio (becas, desarrollo objetivo de las FP, ciencia e investigación, Organizaciones de apoyo a todo tipo de necesidades, cultura, deporte de élite, y el largo etcétera que seguro existe). Es mi opinión personal, en el convencimiento de que no soy el único que piensa así.