La mayor parte de las personas mínimamente formadas, y en sus cabales, tenemos claro el significado y uso del término “diálogo”, y por si acaso apelo a la definición de la RAE: “Platica entre dos o más personas que alternativamente manifiestan sus ideas o afectos” . Así mismo el verbo dialogar quiere decir “hablar o departir”. No obstante, en los últimos tiempos el abstruso y artero presidente del Gobierno de España, con sus adláteres y los coyunturales e interesados socios que conforman su ejecutivo, parece que han cambiado el Estado de Derecho por el del diálogo. Prueba de ello es la insistencia, casi coacción, a hacer tragar a la ciudadanía a la hora de ejecutar sentencias, interpretar claros y meridianos preceptos legislativos, cumplir autos judiciales, etc. La fórmula mágica del diálogo (todo se soluciona con diálogo o tendiendo puentes para el mismo) con el espurio objetivo de burlar y manipular lo que el resto de ciudadanos, excepto sus palmeros, entienden como buen orden democrático. Como siempre acertadamente apunta el respetado escritor Víctor Manuel Arbeloa - en una reciente colaboración en este medio- “…sobre todo el Estado de Derecho se creó para sustituir con la ley el poder absoluto, como también los ardides a su servicio” . Eso es lo cierto, aunque en principio no me parezca mal un diálogo previo, ante un previsible y futuro litigo o contencioso, siempre que no esconda o intente eludir la legalidad, haciendo continuos trajes a medida para los que han infringido la ley. Es un auténtico abuso de poder o desprecio a los más elementales principios democráticos del Estado de Derecho el slogan del diálogo que enarbola este Gobierno y algunos de sus Departamentos, no ejecutando o demorando los fallos judiciales y, por tanto, incumpliendo la legalidad en cuanto no favorece a sus bastardos intereses.

Si siguiéramos todos los ciudadanos ese método o sistema del diálogo no sé qué pasaría con el pago de impuestos, las obligaciones y requerimientos de Hacienda, las normas de tráfico, (cuando el agente nos propone una denuncia), etc. ¿Sería cuestión de diálogo? En consecuencia, no sería preciso cumplir ningún fallo, sentencia o norma coercitiva sin dialogar, llegando al caos absoluto de convivencia e incumpliendo la voluntad constitucional de “consolidar un Estado de Derecho que asegure el imperio de la ley como expresión de la voluntad popular”.

Estamos todavía muy lejos de “el país de las maravillas de Alicia” y estamos todos sometidos (cargos públicos incluidos) a la legalidad. En caso de disconformidad tenemos los resortes que el Estado de Derecho nos proporciona, según nuestra Constitución, en la que no aparece ningún apartado o articulado específico referente al Estado de Diálogo, que nos quieren hacer tragar.

José Luis Díez Díaz