Mientras se juzga a los secesionistas que quisieron acabar de golpe con el Estado español, dirigentes del partido que gobierna España - en funciones- admiten, con el aplauso de sus socios, el derecho de autodeterminación de Cataluña si en un futuro próximo se dan ciertas condiciones.

Viniendo de quien vienen, estas declaraciones, vertidas en un medio de comunicación del nacionalismo vasco, no son irrelevantes en absoluto. Y menos en un periodo electoral decisivo, en el que está en juego el futuro del orden constitucional nacido de la concordia - hoy más cuestionado que nunca- y por lo tanto la continuidad de la patria común de los españoles. De hecho, esas afirmaciones cuestionan la titularidad de la soberanía nacional, que “reside en el pueblo español” - artículo 1 de la Constitución- se viva en Gerona, Melilla o la Isla del Hierro. Además, suponen una clara deslealtad con el Poder Judicial, hoy ocupado en defender al Estado de Derecho del mayor ataque sufrido en las últimas décadas. Por eso cabe preguntarse cuál es la razón de semejante cantada. La respuesta, en el mejor de los casos, tendría que ver con meros fines electoralistas; en el peor, se trataría de una nueva cesión al chantaje nacionalista, que implicaría admitir el suicidio diferido del Estado español. En cualquier caso, al contrario que en el último relevo de Gobiernos, ahora serán los españoles, con su voto, los que tengan la última palabra. Y más vale acertar porque luego no habrá hoja de reclamaciones.

Manuel Sierra