Esta primavera el Gobierno de Navarra entregará las llaves de cuarenta y dos pisos en Mutilva en el que será el primer edificio de consumo energético casi nulo (ECCN) destinado a vivienda de alquiler social en España. Son viviendas de edificación sostenible y eficiencia energética de acuerdo con el estándar “Passivhaus”. Están financiadas con fondos de la Unión Europea y la Administración Foral a través de Nasuvinsa. En definitiva, con el dinero de quienes pagamos impuestos. Suena muy bien, ¿verdad? Entonces, ¿por qué hay tanta inquietud y preocupación entre los vecinos de la avenida de Lezkairu? Porque conocemos la realidad: a sólo cuatrocientos metros de distancia, otros bloques sociales constituyen un foco continuo de problemas. Sus inquilinos dificultan la convivencia y provocan frecuentes incidentes que requieren la actuación policial. El deterioro de los inmuebles y la acumulación de chatarra en sus garajes es evidente. Algunos vecinos observamos con inseguridad y malestar creciente el surgimiento de zonas deprimidas y devaluadas, auténticos guetos, en áreas que se diseñaron de manera muy distinta.

Cuando compras una vivienda, haces un esfuerzo económico importante. Eliges la zona y crees que puede ser un buen lugar para iniciar una vida en familia, o para vivir después de una jubilación. Después, en lo que inicialmente parece un golpe de mala suerte el Gobierno de Navarra, te “premia” con cuarenta y dos viviendas de alquiler social junto a la tuya. Pero no se trata de una lotería inesperada, sino de la decisión política de un gobierno que no sabe lo que pasa. Porque no lo ve. Porque no lo sufre. Porque no lo controla. Y si lo sabe, prefiere ignorar las malas consecuencias de unas decisiones seguramente bienintencionadas. El lema de la señora Barkos es “Cambian las casas, cambian las cosas”. Pues no, señora Barkos. Las casas pueden estar mejor o peor construidas, pero son las cosas las que tienen que cambiar, y fundamentalmente, los criterios de selección de los inquilinos. La tecnología “Passivhaus” no va a alterar la realidad de los alquileres sociales. Ya que nos imponen los edificios sin habérnoslo anunciado previamente, no nos impongan también una convivencia difícil y complicada.

Pedimos al Ayuntamiento de Aranguren que gestione ante el Gobierno de Navarra el alquiler de estas viviendas a los jóvenes del Valle con necesidad de independizarse y que pueden pagar una rentar asequible. A los vecinos que no se pueden permitir comprar una vivienda. A las personas mayores con problemas de movilidad que no tienen ascensor. Y, sobre todo, a personas que sepan valorar la oportunidad de vivir en este tipo de viviendas. Lo que no cuesta, no se agradece.

María Jesús Arrondo