De entre todas las competencias posibles a recentralizar por el estado, que se han debatido entre formaciones políticas, hay algunas para las que puedo entender la reticencia; en materias de educación, empleo, tráfico y servicios sociales hay diversas idiosincrasias culturales y territoriales que ciertas comunidades autónomas pretenden, legítimamente, salvaguardar. Sin embargo, llamando a la mismísima compasión humana, ¿quién no querría tener una sanidad pública en la que todo semejante fuera tratado igual de bien? ¿O es que por norma general el cuerpo de un gallego funciona distinto al de un riojano? Si la segregación es cuestión de eficiencia o flexibilidad, a su vez hay que mencionar como las disparidades entre CC. AA. en lo que respecta a gasto concertado, la teleoperatividad entre sistemas públicos, o la duplicidad de personal, dejarían de ser puntos contenciosos. Si, por contra, es una cuestión de acaparar funciones con motivaciones políticas o identitarias se pervierte la noción de igualdad y protección al ciudadano, sobre la que se construyó una convivencia democrática en España y la Unión Europea. Cualquiera desea la mejor sanidad posible, así pues no nos creamos con más derechos que nadie por ser de un lugar u otro, ¡esos derechos humanos son universales! ¡Gracias por su atención! Eduardo Rueda