Sra. Consejera de Educación, María Solana, y su equipo: Somos un padre y una madre de una niña de 4 años a la que desde los 2, decidimos escolarizar en el MODELO D. Al vivir en un pueblo a 20 kilómetros de Pamplona sin centro educativo, al comenzar la Educación Infantil obligatoria a los 3 años, le corresponde la condición de “transportada” y la ayuda pública establecida al efecto destinada al transporte y comedor. De hecho, todos los niños/as del mismo municipio, que asisten al mismo centro que nuestra hija, la perciben. Ahora bien, en 2016 una nueva normativa dispuso que a nuestro pueblo le corresponde un centro que imparte el MODELO D-PAI en Noáin. No obstante, las diferencias entre ambas opciones educativas son objetivas, cuantitativas, cualitativas y constatables: el MODELO D imparte el aprendizaje por medio de la inmersión lingüística, siendo el euskera la lengua del centro; las horas lectivas en euskera en el D-PAI se reducen para incrementar las de inglés; etc. Elegimos por ello un centro MODELO D en Pamplona. Pues bien, curso y medio después resulta que, al no asistir al MODELO D-PAI de Noáin que su Departamento considera que nos corresponde -con criterios económicos y mercantilistas, en ningún caso educativos, lingüísticos ni culturales-, nuestra hija deja automáticamente de considerarse “transportada” y ve cercenado su derecho a recibir una ayuda pública para el transporte y el comedor. ¿Acaso no está contemplada ya en sus presupuestos como objeto de esa ayuda, al no existir centro educativo en su municipio de residencia? Tiene que salir del pueblo y comer fuera sí o sí, acuda a Noáin o a Pamplona. Es más, parece que ser que su departamento vincula ambas ayudas, de modo que al denegársele la ayuda al transporte, automáticamente se le deniega la de comedor, ignorando su condición de “transportada”. En definitiva, queremos que la administración reconozca que el MODELO D no es igual al MODELO D-PAI, ni en la teoría ni en la práctica, por mucho que la normativa se empeñe en negar la realidad. Están ustedes creando una oferta educativa para la que no garantizan los mismos derechos de acceso a todos los navarros/as. Piénsenlo y modifiquen sus normativas discriminatorias. Estamos convencidos de que, poniendo en su conocimiento esta situación y muchas otras similares, serán capaces de reflexionar y poner fin a esta grave discriminación educativa, lingüística y cultural. No es que seamos unos valientes, pero sí al menos animados, venciendo nuestros miedos y apostando por un aprendizaje EN EUSKERA sin ser euskaldunes y no hablar NADIE euskera en nuestro entorno familiar. Cuando las familias damos por fin el paso de escolarizar en euskera, nos estamos encontrando con zancadillas en lugar de ayuda desde la administración. Todo apoyo a quienes apostamos por una educación pública y en euskera que su Gobierno fomenta, se debe mantener y aplicar de manera justa y no discriminatoria, nunca limitar y reducir.

VÍCTOR SANGALO y MARTA ARTICA