En Navarra había a finales del pasado mes de agosto 14.498 personas dependientes según el Imserso. El 41,5 % eran de Grado I (6.018) y necesitaban diariamente algún tipo de ayuda de otras personas para mantener su autonomía personal; el 37,66 % estaban calificados con Grado II (5.461) y necesitaban bastante apoyo a lo largo de una jornada; y el 20,82 % tenían reconocido el Grado III (3.019) y necesitaban ayuda plena de otras personas para poder seguir viviendo.De los 14.498, unos doce mil vivían en su domicilio, recibiendo cuidados informales de sus familiares. Cuando la familia no puede atender con plenas garantías a este tipo de enfermos, empieza a pensar en buscar una plaza residencial. La Ley de Dependencia dice que el Gobierno de Navarra está obligado a facilitarles esa plaza en una residencia pública o privada concertada, siempre que estén calificados con Grados II o III. En Pamplona y Comarca, como no hay plazas suficientes, hay que ponerse en lista de espera durante 3 y hasta cuatro años.Ante esa tesitura, el Gobierno de Navarra ofrece a las familias trasladar al familiar a una localidad situada a varias decenas de kilómetros de su domicilio, o contratar, si pueden, una plaza privada en Pamplona. En ese caso les oferta una prestación vinculada a servicio de 627,30 euros mensuales a los de Grado II y de 558´55 euros a los de Grado III. Si optan por esta última opción, la familia tendrá que costear de su bolsillo unos 3.000 euros al mes, menos la prestación vinculada a servicio. Globalmente le supondrá a la familia unos 10.000 euros anuales más, que lo que le costaría la plaza que le correspondería por ley.El Decreto Foral 69/2008 (disposición adicional segunda) dice que la prestación vinculada a servicio se puede mantener solo por un año. Después el Gobierno de Navarra tiene que ofrecerle la plaza solicitada y dentro del Área social a la que pertenece, en este caso Pamplona y Comarca. El Gobierno ha estado incumpliendo este Decreto Foral durante años y con cientos de personas. En muchos casos, la persona dependiente fallecía antes de recibir la plaza y, en otros, al poco tiempo de empezar a disfrutarla.Como el tema es susceptible de llevarlo a los tribunales y son muchos cientos de personas las afectadas que pueden reclamar sus derechos, el Gobierno de Navarra, en lugar de hacer nuevas residencias públicas o concertar las plazas que se necesitan, opta ahora por modificar la ley y eliminar de un plumazo el derecho de los dependientes. Va a cambiar el texto de la disposición adicional segunda del DF 69/2008, tal y como lo ha anunciado. Como se trata de un decreto, lo puede hacer sin necesidad de pasar el tema por el Parlamento de Navarra, ni someterse a la crítica y el debate de los parlamentarios.Si esto no es recortar en toda regla los derechos a las personas