De un tiempo a esta parte los jueces se han situado, muy a su pesar, en el ojo del huracán. Ha contribuido a ello en buena medida el hecho de que, ante el fracaso de la política, se hayan erigido en el valladar de la defensa del orden constitucional frente al golpismo catalán, pero también la sucesión de casos mediáticos, entre los que sobresale el de la ‘Manada’.

De los tres poderes del Estado, el judicial es el que mayor confianza me inspira. Yo creo en los jueces. Aunque alguno de ellos, como sucede en todo colectivo, no sea de enseñar. Recuerden a Pascual Estivill, que extorsionaba a empresarios para librarlos de la cárcel. O a la magistrada medio bruja que ejercía de vidente y a la que gustaba presidir las vistas acariciando a su gato. Anécdotas.

En este país en el que se lee tan poco y se habla tanto, hemos descubierto que cada uno de nosotros esconde un juez. Nos consideramos de pronto investidos de ‘auctoritas’ para pontificar sobre una materia que no dominamos. Y, excediéndonos del legítimo derecho a criticar las sentencias, atacamos a degüello a un colectivo que apenas sabe defenderse con medidos comunicados de sus órganos rectores. Los jueces son unos profesionales del derecho -con un sueldo muy inferior al que correspondería a su formación y responsabilidad- cuya misión consiste en dar a cada uno lo suyo. Son ‘el primo de Zumosol’ que defiende -gratis- nuestros derechos. También frente a los poderosos. Una presidenta que se querella contra quienes la critican porque no acepta la libertad de expresión. Unos alcaldes que nos imponen banderas ajenas. Bancos que nos cuelan cláusulas abusivas. Gobiernos que incumplen la ley. Empresas que vulneran los derechos de sus trabajadores. Policías que abusan de su poder... “Todavía hay jueces en Berlín”, que dijo Federico el Grande de Prusia refiriéndose al magistrado que amparó a un humilde molinero frente a las arbitrariedades del rey.

El ejercicio de la función jurisdiccional es complicado. No se enseña a impartir justicia en las facultades de ciencias exactas. Y es que su desempeño corre a cargo de hombres y mujeres, tan falibles como cualquiera de nosotros, cuya labor no está exenta de subjetividad cuando valoran una prueba o interpretan una ley conforme a una realidad social cambiante. Si no nos ponemos de acuerdo en si una jugada es penalti después de visionarla repetidamente, no pretendamos que la resolución que pone fin a un proceso bastante más complejo que una caída en el área esté libre de polémica.

El caso de la ‘Manada’ lo ha desbordado todo. Yo no sería un buen juez pues, apenas con los primeros indicios, condené sumariamente a sus repugnantes miembros a castración sin anestesia. Ni he leído la sentencia, ni he tenido acceso a las pruebas, ni soy un experto penalista, por lo que sería temerario pronunciarme con un mínimo rigor sobre el mismo. Estoy no obstante convencido de que unos hechos que van a ser enjuiciados por tres tribunales, incluido el Supremo, desembocarán en una sentencia justa. Pero que sea justa, entendiendo por tal, jurídicamente irreprochable, no significa necesariamente que se corresponda con la que nosotros desearíamos.

En este caso, con todo, lo más relevante no será dicha resolución, sino la constatación de un clamor social contra todo ataque a la libertad sexual, que condicionará futuras leyes y líneas jurisprudenciales. Eso es lo que verdaderamente habremos ganado con este desdichado episodio.