El próximo mes de diciembre cumple cuarenta años nuestra Constitución. Constitución que, con sus innegables defectos, ha permitido el más largo periodo de paz y prosperidad de los últimos siglos de la historia de España. Esta Constitución fue redactada y aprobada, de forma previa al obligado referéndum, por un Congreso de los Diputados y un Senado elegidos, entre otros fines, para redactar el proyecto de Constitución que nos homologara con el resto de las democracias occidentales.

El mundo ha cambiado mucho en estos cuarenta años. La globalización de la economía y de los medios de comunicación, influida en gran medida por la aparición del internet, era impensable en el momento en el que se redactó la vigente Constitución Española; la subordinación a las normativas europeas ha hecho perder a la sociedad española, una vez incorporados a las diferentes instituciones europeas, una parte de la soberanía que se le otorgaba hace cuarenta años; la irrupción del terrorismo internacional y de los movimientos migratorios derivados de los conflictos bélicos y de las penurias económicas de los países del tercer mundo han alterado la integridad de las fronteras nacionales; y la sensibilidad de la sociedad hacia diferentes aspectos de la vida cotidiana es muy distinta de la que regía en 1978.

Todo esto hace razonable el pensar que nuestra Constitución necesita de una reforma en alguno de sus artículos. La amplitud de dicha reforma dependerá únicamente de la voluntad de los ciudadanos, expresada a través de sus representantes en las Cortes Generales y del posterior referéndum, ya que se nos debe suponer la suficiente madurez como para alcanzar con éxito dicha meta. La propia Constitución prevé dicha reforma y establece los mecanismos que hay que seguir en el proceso. Tenemos un nuevo Gobierno de la Nación y la nueva ministra de Política Territorial, sólo dos días después de su toma de posesión, ha anunciado la necesidad de una reforma parcial de la Constitución para resolver “el problema catalán”, sin haber sido todavía desmentida. El actual Gobierno de la Nación tiene legitimidad legal y moral para realizar sus funciones. No sé si tiene legitimidad legal para promover una reforma de la Constitución porque no soy experto en la materia, pero creo que no tiene legitimidad moral porque el actual Congreso de los Diputados que le ha dado la confianza se eligió para resolver los problemas que presentaba en aquel momento la sociedad española, entre los que la salida de la crisis económica y la respuesta al desafío independentista en Cataluña ocupaban los primeros puestos.

Creo que ha llegado el momento de presentar a los ciudadanos españoles una reforma de la Constitución redactada con el consenso necesario, pero para ello es fundamental que las Cortes Generales ostenten legitimidad moral para redactar dicha reforma. Por eso deberían convocarse unas elecciones generales a las que se presentaran los diferentes partidos políticos con un claro proyecto individual en el que se mostrara, negro sobre blanco, las líneas maestras y los detalles que defiende cada partido político para dicha reforma. Así, las Cortes Españolas salidas de esas elecciones generales dispondrían de toda la autoridad moral para redactar y consensuar los cambios de la Constitución que deseen los ciudadanos españoles. Todo cambio supone un riesgo y un reto, pero sólo aquellos aspectos que logren el necesario consenso lograrán incorporarse a la Constitución Española. El resto del articulado seguirá vigente como hasta la actualidad para dirigir la vida delos españoles, en espera de futuros posibles consensos que los modifiquen.