Es tiempo de confesarse con Hacienda. Momento propicio para repasar la fiscalidad foral. El marginal del IRPF alcanza el 52%, el más alto de España. 8,5 puntos más que Madrid. Un escándalo. El Constitucional alemán reputó confiscatorio todo tipo superior al 50%. Justo cuando el esfuerzo financiero para adquirir un inmueble repunta, se suprime la deducción fiscal que beneficiaba a los contribuyentes con menores ingresos por compra de viviendas sociales. El fin de la desgravación de las rentas inmobiliarias -vigente en el resto del Estado- contribuye a inflar aún más la burbuja del alquiler. Se desincentiva el ahorro -cuya tasa encadena una década de descensos- sometiéndolo a la tributación más alta de España. Con 17 gobiernos autonómicos pugnando por atraer inversores, Navarra, no contenta con tener, también en Sociedades, los tipos más elevados, es la única que se obstina en gravar los activos empresariales en Patrimonio. Impuesto, este último, con la base exenta más baja del país, lo cual significa que aquí es donde menos rico hay que ser para pagarlo. Lejos de favorecer la natalidad, el IRPF foral maltrata especialmente a las familias. Con el futuro de las pensiones más negro que nunca, se desincentiva la contratación de planes de pensiones al penalizarse su cobro vía capital. Mientras en el resto de España (Andalucía y Extremadura, las últimas) se reduce la fiscalidad de las sucesiones, aquí las herencias de padres a hijos han pasado de un tipo fijo del 0’8% a otro progresivo que llega al 16%. También se ha disparado la tributación de las donaciones. La nueva ley de plusvalías impide que miles de contribuyentes recuperen un impuesto que nunca debieron pagar al vender con pérdidas. Afortunadamente Aranburu y compañía no pueden meter mano en el IVA, porque ya se imaginan qué sucedería.

El cuatripartito se ha equivocado. Mucho. Y los errores se pagan. El trasiego de empresas durante 2017 se saldó con una pérdida neta de facturación superior a los 400 millones de euros. El 20% de quienes declaraban mayores bases en el IRPF se ha ido, llevándose consigo todos los impuestos cuyo punto de conexión es la residencia. Si tienen alguna duda sobre la fuga de contribuyentes, hablen con los asesores fiscales. Ignoran, además, que la medida más eficaz contra la evasión tributaria es una política impositiva justa, pues sin infiernos fiscales no habría paraísos fiscales.

Y al mismo tiempo que se expulsa a los que más ingresan, el gasto y la deuda pública crecen imparables. La renta básica, por ejemplo, va camino de convertirse en un pozo sin fondo. Cáritas ya alertó de su efecto llamada. El último fraude detectado en Gipuzkoa lo ha protagonizado una mafia que traía ilegalmente pakistaníes para cobrar su renta de inserción. Y encima a Barkos no se le ocurre mejor idea que reclamar la competencia de las pensiones, cuyo déficit en Navarra ronda los 400 millones de euros anuales.

El incremento de la recaudación ha de venir de la mano de una mayor actividad económica, incentivada fiscalmente. Navarra lo sabe mejor que nadie. Sustituir nuestra tradicional cultura del emprendimiento y del esfuerzo por la del subsidio es un error que hipoteca el futuro. Si quienes crean riqueza y pagan más impuestos se van y su lugar lo ocupan los más necesitados, no habrá quien cuadre las cuentas. Y la Comunidad Foral no será viable. Es fácil de entender. Creo.