El conflicto entre Cristina Cifuentes y la Juan Carlos I indica que vivimos en el far west del imperio visigótico. En los archivos de la administración las irregularidad que se detectan deben ser comunicadas a superiores y así hasta llegar a la máxima autoridad. Ante un expediente extraño se aplicarán mecanismos internos de depuración de responsabilidades, que incluirán sanciones y naturalmente el conocimiento "público" de las mismas. Quizá haya hoy desconfianza hacia la justicia interna de los entes públicos, como la universidad, temerosos de que todo se resuelva con el cómplice encubrimiento del silencio (¡Qué pena!) o quizá, los periodistas, auténticos jueces Linch del far west visigótico, deseosos de ventear noticias escabrosas para que siga la telenovela de la corrupción, encuentren más madera con la que avivar la hoguera y carbonizar a quienes ocupan el poder. La suspensión de empleo y sueldo por varios años debería ser la primera sanción de quienes se hayan enlodado con la chapucería del conocido máster, y tanto vale para administrativos como para profesores. Una vez conocidos y hechos públicos "con celeridad" los nombres, debería venir también la suspensión de la gobernanta madrileña, pero todo con la sensación de vivir en un país de derecho, no en el finisterre, al oeste del Pecos, en el que se dirimen los escándalos a plumazo limpio de periodistas, envilecidos como mucamos propagando la visión particular de la empresa que les paga, y así iluminar como contemporáneos "platones" televisivos la caverna de sus espectadores.