Esto no es una expresión libre de los trabajadores


Publicado el 12/11/2026 a las 05:00
Escribo estas líneas con un profundo sentimiento de indignación y preocupación ante lo que tristemente ya no es una excepción, sino una constante preocupante: la falacia democrática que rodea a las llamadas “huelgas generales”.
En teoría, el derecho a huelga es un pilar fundamental de cualquier sociedad democrática. Sin embargo, en la práctica, este derecho se ve gravemente adulterado y pervertido por la coacción, la intimidación y el miedo. Numerosos ciudadanos y comerciantes me han trasladado su testimonio directo, confirmando que se vieron obligados a mantener sus negocios cerrados en jornadas clave no por convicción o apoyo a la convocatoria, sino por un temor fundado a represalias. Desde la tarde y la noche anterior, diversos piquetes ya se encargaron de mostrar de forma evidente la violencia y la coacción de las que son capaces, secuestrando de facto la libertad de trabajar y de abrir los establecimientos.
Esta gravedad es aún mayor si cabe, máxime en un caso como este, en el que la huelga convocada no responde a reivindicaciones laborales legítimas, sino a la clara intención de alterar la estabilidad nacional e intentar espolear el auge del voto de los sectores más violentos e intolerantes.
A este trasfondo político se suma el indignante perjuicio que supone el cierre forzoso de instalaciones y entidades públicas, desde polideportivos hasta centros cívicos. Resulta un auténtico robo a la ciudadanía que estos recintos, costeados íntegramente con los impuestos de todos - trabajen o decidan no hacerlo-, queden clausurados arbitrariamente por la presión de unos pocos, vulnerando el derecho de la mayoría a disfrutar de unos servicios por los que paga religiosamente.
Una huelga que necesita de la amenaza, el amedrentamiento nocturno y la manipulación política no es la expresión libre de los trabajadores, sino una imposición totalitaria. Es urgente que las autoridades garanticen la seguridad y la libertad de quienes desean ejercer su derecho al trabajo, protegiendo tanto al sector privado como el patrimonio y los servicios que pertenecen al conjunto de la sociedad.
María del Mar Martín Ayllón