El Gobierno navarro dispone de una política social que no puede abandonar a la ligera en la que cumple una función para impedir que nuestra sociedad caiga en la pobreza extrema cuando no dispone de recursos suficientes, como son la Renta Garantizada y el Ingreso Mínimo Vital.

Actualmente, tanto la Cámara de Comptos como otros organismos han analizado que el modelo actual no está funcionando de forma correcta, especialmente en materia de integración laboral y social, evaluando su transparencia y la gestión. Una parte importante, el 64% de las demandas, son unidades familiares perceptoras de origen inmigrante, lo que plantea un debate sobre si las políticas actuales están llegando con suficiente eficacia a quienes necesitan incorporarse al mercado laboral. Evidentemente, la solidaridad no depende del origen, pero tampoco puede existir un sistema opaco en el que algunos ciudadanos puedan sentirse relegados.

Quien trabaja, paga impuestos, cotiza y tiene dificultades para llegar a fin de mes debe saber que su gobierno puede hacer frente a sus necesidades básicas y dejar de depender de las ayudas, cuando el arca pública se ha visto afectada con un gasto de 108 millones de euros.

Ahí está uno de los grandes retos: cambiar o mejorar el programa y a quien van dirigidas las ayudas. El Gobierno de Navarra podría avanzar hacia una política social con reformas concretas, como revisiones periódicas y obligatorias, mayor control y cruces automatizados de información sobre empleo, ingresos, patrimonio, convivencia y cumplimiento de los requisitos de residencia y acceso a la prestación.

El éxito de la Renta Garantizada y el Ingreso Mínimo Vital no debería medirse únicamente por cuántas personas protege, sino también por su legitimidad. Debe ser justa: garantizar igualdad y recuperar la autonomía.